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En Cúcuta se llevó a cabo ayer la reunión de 300 congresistas de América Latina y el Caribe. Todos asistieron a la Cumbre Internacional de Parlamentarios por Venezuela. El evento fue convocado por los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, respectivamente, quienes de manera conjunta se han movilizado para conseguir el apoyo de los legisladores del continente para ayudar a superar la grave crisis política, económica, social e institucional creada por la cuasi-dictadura chavista en la vecina nación. Como se sabe, la capital nortesantandereana es el epicentro de la problemática generada por la oleada migratoria de centenares de miles de personas que han huido del vecino país en los últimos años.
La imparable crisis humanitaria en esa nación y la diáspora de millones de sus habitantes ha movilizado el interés de los legisladores y gobiernos democráticos de nuestra región, que asumen como un deber moral y de hermanos latinoamericanos el apoyar a los desplazados por la persecución política, la represión, la violencia, el hambre, el derrumbe de las oportunidades, el desempleo y la quiebra económica de la nación patriota.
Tanto Cepeda como Lara son enfáticos en advertir, con abrumadora documentación y testimonios, la oscuridad en la que se ha sumido Venezuela en materia de libertad y de garantías a los derechos humanos. Los informes sobre el creciente número de presos políticos y de inocentes privados de la libertad por reclamar un mendrugo de pan son escalofriantes. La quiebra de la producción por cuenta del gobierno castro-chavista ha minado la empresa privada, el comercio y la industria. Incluso está en peligro la producción petrolera, lo que conduciría a uno de los países más ricos del mundo a la ruina total.
Lo cierto es que casi no queda nada de la democracia venezolana. El partido de gobierno, sus miles y miles de milicianos pagos así como los entes de represión oficial no permiten que la oposición salga a las calles. Cuando lo hacen, son atacados con fuerza desmedida, a tal punto que ya se perdió la cuenta de muertos y heridos. El país tiene la hiperinflación más alta del mundo y los pocos ahorros de quienes aún tenían algo de fondos se evaporaron. El concepto más elemental de legalidad y legitimidad, como lo son la democracia y el estado de Derecho, han desaparecido. Como el gobierno de Nicolás Maduro carece de apoyo popular, se limita a convocar comicios ilegales y fraudulentos, en los cuales la oposición no participa y apenas unos pocos “enchufados” -como se denomina a quienes se benefician de los recursos estatales- concurren para intentar dar visos de legalidad a la farsa de democrática. Está rigiendo una Asamblea Constituyente espuria, en tanto se desconoce la verdadera Asamblea Nacional, en la que la oposición obtuvo la mayoría legítima en las urnas. Todo ello explica por qué el sistema político y electoral venezolano no pasa de ser una mascarada al servicio de un régimen que ha cooptado todos los poderes.
Como lo sostienen Cepeda y Lara, el gobierno chavista es el principal responsable de romper el hilo constitucional en el vecino país y ocasionar, de paso, una catástrofe humanitaria en la frontera. De allí que declaran la oposición de los gobiernos democráticos a ese régimen que perpetra desapariciones sistemáticas, genera pobreza absoluta y práctica la violencia contra sus gobernados. Por lo mismo, ambos dirigentes políticos llaman al continente a acoger a los millones de desplazados y refugiados.
La población de la frontera recibió con júbilo a los legisladores de la región, quienes reiteraron su solidaridad con la iniciativa colombiana de atender urgentemente la diáspora venezolana. Los discursos de los directivos del Congreso de Colombia y de los legisladores de otras naciones fueron interrumpidos numerosas veces por aplausos y gritos de libertad y justicia para la vecina nación.
El informe del Secretaría General de la OEA sobre la crisis humanitaria y los delitos de lesa humanidad que se cometen de manera constante y aleve en Venezuela, fue bien recibido. Prevalece así la convicción general de apelar a la Corte Penal Internacional para que aboque la investigación y castigo de las escalofriantes denuncias sobre crímenes y violaciones de los derechos humanos allí.
Cada vez es más evidente que el régimen chavista se está debilitando y que la presión interna y foránea va quitándole margen de acción. Lo importante es que no se baje la guardia para que Maduro y compañía salgan del poder y respondan por sus crímenes.