Alerta en fiscos regionales | El Nuevo Siglo
Miércoles, 27 de Junio de 2018
  • Urgente insistir en reforma al SGP
  • El ‘tijeretazo’ del pleito por licores

Las gobernaciones y alcaldías han empezado a delinear sus respectivos pliegos de peticiones al entrante gobierno de Iván Duque. Entre la gran cantidad de solicitudes y temas urgentes puestos sobre la mesa por los mandatarios regionales y locales, llama la atención el referido a una reforma tributaria en los niveles departamental y municipal, bajo la tesis de que los fiscos seccionales y locales se encuentran muy apretados y es urgente conseguir nuevas fuentes de financiación.

No se trata, en modo alguno, de un tema fácil. Por el contrario: modificar la estructura tributaria a nivel de gobernaciones y alcaldías es muy complejo, sobre todo porque si algo han evidenciado las últimas reformas impositivas del orden nacional es un enfoque dirigido a aumentar la base de pagadores de varios de los tributos de mayor alcance transversal en la población, lo que obviamente le resta margen de acción a los impuestos típicamente de naturaleza y recaudo departamental y municipal.

Así las cosas parecería claro que antes de pensar en esta clase de reformas tributarias a nivel territorial, los gobernadores y alcaldes deberían centrar sus esfuerzos en impulsar un mejor tratamiento a los departamentos y municipios en la modificación al Sistema General de Participaciones (SGP), que es el mecanismo mediante el cual se regula la transferencia presupuestal desde el gobierno nacional central a las entidades territoriales, según su categoría, índice de necesidades básicas satisfechas y rubros más urgentes de inversión social, económica, de infraestructura y presencia institucional. Por cuenta de la metodología que se venía aplicando en la última década los giros de la Nación a las regiones empezaron a decrecer progresivamente, a tal punto que este año llegaron a su porcentaje más bajo en toda la historia, apenas un poco más del 26 por ciento. En algunos casos los gobernadores no tuvieron con qué pagar salarios de docentes y les tocó acudir a otros rubros para sufragar esas obligaciones presupuestales.

El gobierno saliente trató de concretar esta reforma al SGP pero al final no avanzó de forma sustancial, ya que el proyecto de acto legislativo se hundió la semana pasada en la plenaria de la Cámara, pese a que ya había logrado superar tres de los ocho debates necesarios. Así las cosas, le corresponderá  a los nuevos Ejecutivo y Congreso aplicar definitivamente este ajuste, clave para la inversión social en departamentos y municipios, sobre todo a nivel de salud, educación, acueducto y alcantarillado, entre otros aspectos. Para evitar choques con los mandatarios seccionales y locales es necesario que se busquen consensos previos acudiendo para ello a la coordinación con las respectivas federaciones de departamentos y municipios.

Como se ve, hay otras prioridades. En repetidas ocasiones se ha insistido en estas páginas en que es necesario que desde los niveles gubernamentales del orden nacional, regional y local se erradique la nociva y facilista tendencia de solventar los déficits fiscales única y exclusivamente a punta de ampliar la ya de por sí pesada carga tributaria que soportan las personas naturales y jurídicas en Colombia, una de las más altas del continente. Si algo han comprobado las políticas tributarias más modernas y eficientes es que a mayor cantidad de impuestos sobre bienes, productos y servicios, mayor evasión y elusión. En un país en donde ya se volvió una frase de cajón hablar de la necesidad de una “reforma tributaria estructural”, seguir proponiendo más tributos y mayores tasas a nivel regional y local, resulta claramente improcedente. 

Incluso más importante resulta en estos momentos solucionar lo relativo al cálculo en el precio de los licores, ya que el pleno de los gobernadores le pidió al Gobierno saliente que derogue la certificación del DANE que se utiliza para este procedimiento. Esto porque dicha metodología le estaría abriendo un hueco a los fiscos departamentales por encima de los 630 millones de pesos para sólo la vigencia de 2018. La situación es tan crítica que los mandatarios seccionales advirtieron que si no hay una solución a este problema tendría que elevarse una demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en vista de que el recorte de recursos golpea fuertemente las inversiones en materia de régimen subsidiado en salud, educación y deporte.

Por lo pronto, lo más importante es que el nuevo gobierno y los mandatarios seccionales y locales -a los que les restan apenas 18 meses de mandato- definan una agenda de corto y medianos plazos, y empiecen a trabajar sobre la misma. Hay un tiempo muy corto para coordinar y, por lo mismo, deben  enfocarse en lo práctico y eficaz, en lugar de enfrascarse en debates gaseosos y ajenos a la realidad económica del país.