El pesimismo suele aflorar cuando se pierde la esperanza. Y eso es lo que aparentemente está ocurriendo en Colombia a raíz de no cumplirse las expectativas que tenía el pueblo sobre el actual gobierno. Desde luego, hay en ello y fundamentalmente un impacto económico cuando de país “milagro”, hace unos años, Colombia pasó a una desaceleración paulatina y preocupante, hasta encontrarse, en la actualidad, en una decadencia superlativa de la economía sin un norte preciso y un poco al garete de las circunstancias. Así las cosas y desde la óptica política siempre es, desde luego, más difícil sortear las vacas flacas que administrar las vacas gordas.

Desde hace ya mucho años se sabe que cuando la economía va bien lo demás cobra rostro positivo y, al contrario, cuando ella va mal todo resulta gris e impredecible. Esa es la suerte de la política, indefectiblemente atada a las vicisitudes económicas. Así le ha ocurrido al presidente Santos en su doble mandato. Durante varios años, bajo una buena exposición en la materia y un futuro promisorio, el país avanzaba, inclusive sin afectarse temperamentalmente por todo lo que rodeaba el proceso de desactivación de las Farc. Pero cuando se conjuntaron los dos factores, es decir, el declive económico con la parte sustancial de la negociación con la guerrilla, el ambiente favorable se hizo trizas. El Gobierno perdió la iniciativa y de ahí hasta hoy no ha remontado la situación adversa, evidenciada desde el descalabro del plebiscito. Lo que, sin embargo, no debe ser óbice para no producir una recuperación de la esperanza hacia el futuro, a través de los nuevos componentes políticos, e impedir el asentamiento de la demagogia como horizonte ineluctable.

Ya se sabe que el proceso de paz puede ser motivo, de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional, de las adecuaciones que considere menester el Congreso de la República. La vieja idea de que lo acordado en La Habana era intangible e inmodificable ya no responde al escenario institucional y se espera de los operadores legislativos actuar en consonancia. De allí, ciertamente, que la elección de las mesas directivas para la próxima legislatura sea de importancia sin igual. Porque se trata de proceder con sindéresis, o sea, sin acabar con la vajilla pero de otra parte poniendo orden a lo que de suyo puede tener los gérmenes de la anarquía. Por consiguiente, lo ideal sería que en el Congreso se generara un acuerdo mínimo, entre las diversas fuerzas parlamentarias, para producir los cambios pertinentes dentro de los cánones del consenso y la serenidad. Es el momento de realizar los ajustes que no se pudieron hacer en el período inmediato del plebiscito, cuando gobernaba la tesis de la intangibilidad de los acuerdos habaneros, y que hoy, como se dijo, es perfectamente factible en el hemiciclo parlamentario con base en los últimos dictámenes del máximo tribunal constitucional. Entre ellos, por ejemplo, lo atinente a la reglamentación de la jurisdicción de la justicia transicional que será una de las claves de la legislatura siguiente y que, de otra parte, resulta a todas luces increíble que, por el afán de una firma a las volandas, no se fijó en La Habana y se dejó abierto a las circunstancias posteriores de una ley que se pretendía, como todo lo del proceso de paz, llevar a cabo dentro de un Congreso impotente y simplemente notarial, fórmula que desde luego no aguantó la revisión constitucional.

Pero más que por estas circunstancias puntuales y propias de los ocho años que se está llevando el proceso con las Farc, entre los contactos secretos iniciales, la etapa de negociación que desembocó en la firma de un protocolo de 300 páginas reiterativas y la llamada implementación, lo que interesa, desde hoy y en adelante, es reinstaurar la confianza en el futuro. Para ello, como se dijo, debería presentarse una fuerza nacional en ese propósito. No es bueno caer en el pesimismo sin alternativas y dejar, en ese caso, el espacio al populismo y la demagogia. Por descontado, el primer aspecto es la reinstitucionalización. No solo se trata de evitar la erosión institucional de los últimos tiempos, sino de revigorizar el aparato  y no horadar el sentido del Estado. Por consiguiente, antes que impedir su funcionamiento, de ponerle palos en la rueda, hay que hacerlo aplicable, desbrozándolo de disfuncionalidades, imponiéndole resultados concretos y atacando la corrupción, como lo vienen haciendo las instancias de control. Y al mismo tiempo, producir desarrollo con equidad social, caso de la reciente política de vivienda e infraestructura.

La tarea del próximo gobierno es mirar hacia adelante. Estructurar el porvenir. Moldear el futuro. No basta con mirar hacia atrás y sumirse en el pesimismo. La tarea está en recobrar la esperanza.