En un concepto que el procurador Fernando Carrillo hizo llegar a la Corte Constitucional le pide declarar inexequible el Decreto 896 de 2017, que establece el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Esta disposición fue expedida por el presidente Santos en uso de las facultades extraordinarias que para tal fin le dio el Acto Legislativo 01 de 2016.

El Jefe del Ministerio Público indica a la Corte Constitucional que si bien es importante este programa hecho para incentivar que los campesinos dedicados a sembrar coca y marihuana pasen a cultivos lícitos con ayudas del Estado, no cuenta con la participación directa del Ministerio de Agricultura.

La Procuraduría considera que es necesaria la participación de esta cartera en dicho programa, pues es un actor indispensable para el desarrollo rural en el país.

“La ausencia de la firma del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también implica un desconocimiento de los principios de la función administrativa, contenidos en el artículo 209, comprometiendo así la posibilidad del éxito del programa de sustitución de cultivos”, argumenta la Procuraduría en el señalado concepto.

El Decreto

El Decreto 896 de 2017 crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, a cargo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

En ese sentido indica que la Dirección desarrollará las funciones relacionadas con el Programa en coordinación con las autoridades del orden nacional y territorial, y la participación de las comunidades en los términos establecidos en este Decreto-ley.

El Programa tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.

El Decreto establece también que serán responsables de la ejecución del Programa la Junta de Direccionamiento Estratégico; la Dirección General, a cargo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; y el Consejo Permanente de Dirección.

La integración y funciones de la Junta de Direccionamiento Estratégico y del Consejo Permanente de Dirección del PNIS serán definidas por el Gobierno nacional.

El Decreto que está en estudio de la Corte Constitucional define las instancias territoriales de coordinación y gestión del programa: Consejos asesores territoriales; Comisiones municipales de planeación participativa; Consejos municipales de evaluación y seguimiento.

Indica que la integración y funciones de los Consejos asesores territoriales, de las Comisiones municipales de planeación participativa y de los Consejos municipales de evaluación y seguimiento serán definidas en el marco de sus competencias por el Gobierno nacional, lo anterior no podrá implicar descentralización de competencias. La integración, cuando se refiera a las comunidades, será definida de manera participativa por sus respectivas instancias.

Son beneficiarios del Programa, las familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito, que voluntariamente se comprometan a las sustituciones de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra ni estar involucradas en labores asociadas a estos, y que no hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2016.

De otra parte, ayer la Corte consideró exequible la Ley que permite la participación en el Congreso, con voz y sin voto, de los voceros ciudadanos ‘Voces de Paz’ para verificar que las leyes y reformas constitucionales que se aprueben respeten el espíritu de los acuerdos.

Decretos tumbados por la Corte

. Decreto 2204 de 2016: cambiaba la adscripción de la Agencia para la Renovación del Territorio - ART, del Ministerio de Agricultura al Departamento Administrativo de la Presidencia de República.

. Decreto 298 de 2017: permitía ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, UNP.