La reforma al régimen de tierras en Colombia es, sin duda, uno de los aspectos más delicados en el proceso de implementación normativa del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Farc. Es claro que en un país que lleva más de 50 años tratando de concretar una reforma agraria integral, sin haberlo conseguido, y apenas aplicando modificaciones parciales a las normas marco sobre uso y propiedad de los predios, abocar en tiempo récord un cambio de fondo a las mismas, al amparo del accidentado ritmo del ‘fast track’ legislativo y de las facultades extraordinarias presidenciales para expedir decretos excepcionales, no ha sido lo más adecuado.
Desde estas páginas en repetidas ocasiones se advirtió que una de las líneas rojas que no se debían cruzar en La Habana era la relativa al respeto a la propiedad privada, tanto rural como urbana, y aunque el Ejecutivo siempre insistió en que ese asunto no fue tema de negociación, el borrador de un primer decreto sobre régimen de tierras, que la Casa de Nariño sometió a socialización en el primer trimestre, prendió las alarmas de muchos sectores nacionales, especialmente de gremios del agro, al evidenciarse que la proyectada norma podría estar lesionando ese principio básico. Se criticó, por ejemplo, que a la Agencia Nacional de Tierras se le estaban dando facultades que excedían su misión funcional, así como los riesgos que implicaban algunas medidas sobre la adjudicación de baldíos, la estructuración y viabilidad del Fondo de Tierras, el trámite de los derechos de los llamados “terceros tenedores de buena fe” y hasta fuertes dudas sobre la procedencia de los mecanismos de expropiación propuestos. Incluso, no fueron pocos los juristas que advirtieron que vía decreto no se podía aplicar esa clase de cambios pues se estaba derogando, por una norma de carácter inferior, la Ley 160 de 1994.
Aunque el Ejecutivo calificó de infundadas muchas de las críticas, se vio obligado a corregir aspectos fundamentales del articulado e incluso a plantear el trámite de un proyecto de ley. Fue así como a finales de mayo se expidió el decreto ley sobre tierras, que hoy se encuentra bajo la lupa de la Corte Constitucional, en tanto que se anunció que el Ministerio de Agricultura empezaría a socializar las bases del proyecto de ley con miras a radicarlo antes de que arranque la próxima legislatura el 20 de julio venidero.
Si bien es cierto que en la segunda versión del decreto se corrigieron o aclararon varios de los aspectos más polémicos, hubo otros en que, según opiniones expertas como la de Fedegán, los riesgos sobre la propiedad privada y el régimen de tierras quedaron vivos. Precisamente esta semana Fedesarrollo, uno de los centros de estudios y análisis económicos más reconocidos del país, hizo un análisis del decreto y lo que debería tener en cuenta el proyecto de ley. Sobre el primero sostiene que crea un Fondo único de tierras, unifica los procedimientos para la asignación de los predios en el país y da paso a un registro de beneficiarios con criterios de focalización. También se establece que todas las adjudicaciones directas de tierra deben estar acompañadas de un proyecto productivo, al tiempo que crea, para la compra de predios, un subsidio integral y una línea especial de crédito.
En cuanto a los retos del proyecto de ley, Fedesarrollo indica que debe ahondar en la creación del derecho real de superficie, que abra la posibilidad de facilitar el uso de la tierra en explotaciones comerciales sin asignación de título, permitiendo así una mayor inversión privada y la utilización del potencial productivo del campo. Igualmente urge avanzar en una mejor definición del rol de las comunidades y las condiciones para la expropiación y extinción de dominio. Asimismo considera importante precisar esquemas que reduzcan el uso inadecuado del suelo mediante el cobro de impuestos prediales ajustados al verdadero valor de la tierra rural y que faciliten la formalización de la propiedad de la tierra, para lo cual el catastro multipropósito resultaría determinante.
Se trata de insumos muy importantes para que los tenga en cuenta el Ministerio de Agricultura, que insiste en que tanto en el decreto ya emitido como en el proyecto de ley en ciernes se respeta el principio de propiedad privada y que, contrario a los críticos, lo que se busca es avanzar en la titularización de predios -una de las mayores falencias a nivel rural- así como en dar acceso rentable y definitivo a los que realmente trabajan la tierra pero no la tienen.
Habrá que esperar el articulado del proyecto y el fallo de la Corte para establecer quién tiene la razón en este difícil debate sobre régimen de tierras.
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