La situación por la que pasan las actividades mineras y petroleras del país puede llegar a ser alarmante. Cualquier municipio, de las decenas de consultas populares que están pendientes, las pide precisamente para prohibir este tipo de operaciones y dejar por fuera la posibilidad de tener recursos para las obras sociales y de infraestructura que se necesitan con urgencia.
El debate es de vieja data, desde que se cambió el sistema de regalías y los municipios petroleros y mineros perdieron parte de los presupuestos a los que estaban acostumbrados. La idea fue que se pudiera distribuir equilibradamente las regalías también entre aquellas localidades que no gozaban de este tipo de recursos naturales no renovables. Fue lo que entonces se conoció como “esparcir la mermelada por toda la tostada” y que no se quedara solo en algunas partes.
El asunto, a su vez, terminó de tomar cuerpo con las sentencias de las máximas cortes judiciales que dieron vía libre a las consultas populares y por esa ruta la Nación perdió el dominio sobre el subsuelo, pese a que la Constitución dice que pertenece exclusivamente a ella. En los fallos se ordena algún tipo de concertación entre las autoridades nacionales, regionales y municipales para adelantar las actividades petroleras y mineras, pero ello no se ha dado en modo alguno.
De esta manera paulatinamente se avanza en una prohibición de la minería y la explotación petrolera en municipios tradicionalmente proclives a la materia. Era de allí donde se decía que Colombia tenía vocación minera, incluso desde las épocas de la Colonia. Una vez mejoró la situación de orden público en el país, hace una década y media, la minería y los hidrocarburos tomaron un auge inusitado, en particular por los altos precios de las materias primas y el crudo.
Al mismo tiempo se dio un pico de la llamada minería criminal, es decir aquella que no tiene licenciamiento o control estatal. Y a su lado también prospera la minería tradicional o artesanal, que tampoco está bajo vigilancia de las autoridades y que se desarrolla en más del 44 por ciento de los municipios. Incluso, sobre la materia, se puede decir que sólo el 42 por ciento de las exportaciones mineras nacionales tiene algún tipo de amparo legal, mientras que el resto se desenvuelve en la ilegalidad o la informalidad.
De hecho, por ejemplo, se da el caso de que aun con la delimitación en proceso de los páramos, para proteger el recurso hídrico de la minería, la agricultura, la ganadería extensiva y el paso de redes eléctricas, la extracción criminal y artesanal sigue su marcha allí sin mayores talanqueras.
En cambio, la minería legal y la exploración y explotación petrolífera y gasífera autorizadas encuentran cada día más obstáculos y dificultades. Es precisamente lo que está sucediendo con las diferentes consultas populares que suelen tener resultados ampliamente negativos y que están dejando por fuera la inversión extranjera y nacional, claves para mantener el lánguido presupuesto nacional.
Inclusive se da el caso de grandes pleitos velados por el uso del recurso hídrico, como en el Tolima en donde la minería, por cuenta de las consultas populares, ha cedido el paso a los grandes intereses de los arroceros que también utilizan el agua de modo superlativo y sin los rigores del licenciamiento que debe tener la industria extractiva.
Ahora resulta que, igualmente, las actividades petrolíferas se verán cercadas desde el punto de vista municipal. El Meta aporta el 50 por ciento de los recursos petroleros del país pero ya se está avanzando, como acaba de ocurrir en Cumaral, hacia la prohibición de este tipo de actividad. De seguir así es muy posible que buena parte del departamento termine cobijado por una prohibición general, desde las propias localidades. Esto, incluso, con la avenencia de los gobernadores, tal y como sucedió en el Tolima.
Puede ser por supuesto un mecanismo de presión para volver al sistema de regalías anterior, o al menos crear algún Fondo de mayor envergadura que les permita a los municipios mineros y petroleros tener algún tipo de ventaja. En todo caso no se ha puesto el Gobierno al tanto de una concertación con gobernadores y alcaldes que pudiera significar una salida a lo que se ve como un prohibicionismo generalizado y muy difícil para las finanzas nacionales, impactando particularmente a la población más pobre y necesitada.
Tendría, pues, el Gobierno que crear algún tipo de instancia que permita allanar consensos seccionales y locales. Y solicitar de la Corte Constitucional más claridad en la materia. De lo contrario ya el subsuelo, como dice la Constitución, no será de la Nación. Y en ese caso habrá un país completamente diferente al que presumen las mismas cláusulas constitucionales, porque ya ni siquiera podrá disponer de sus propios recursos.
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