A nadie en Colombia ni en el mundo le parecería mal que las Farc vayan entregando finalmente las armas, después de tantos anuncios, hasta la totalidad la próxima semana. Con ello se reduce en 6.500 artefactos el voluminoso arsenal ilegal que todavía pulula en el territorio nacional, en tantos frentes de la violencia y el terror, aunque desde luego es lamentable que parte del propio de las Farc también se haya mantenido activo, en alguna proporción incierta, en las disidencias que aún no han dado a conocer su nombre exacto, pero que vienen actuando efectivamente en diversas partes del país, bien por su propia cuenta o bien en asocio de otras fuerzas irregulares.

Las autoridades castrenses y de policía habían dicho que las Farc contarían con unas 25.000 armas, y en algunos datos conocidos de las agencias de Inteligencia incluso se daba una cifra superior, pero los registros de la ONU no llegarían ni a las 7 mil, que si bien es un porcentaje reducido frente a la contabilidad que tenían los funcionarios expertos, de todos modos es un rubro a tener en cuenta en la dirección de lograr el monopolio de las armas por parte del Estado. Está claro, pues, que una organización subversiva que llegó a tener al menos 18.000 combatientes-arma en sus filas y se consideraba intocable declinó, en principio paulatinamente y luego vertiginosamente, por la acción estatal, hasta volverse a sentar en la mesa de negociaciones en condiciones completamente contrarias a las previas y de antemano sin alternativa diferente a la desmovilización, salvo por haber continuado la misma ruta declinante hasta cuando se paró la “guerra” y se configuró la ruta hacia el armisticio. Esto demuestra que la aplicación del Plan Colombia y la estrategia de seguridad estatal, adoptada desde que este entró en plena vigencia, tuvieron los resultados a la vista, ahora con la entrega de armas de colofón. Tema diferente es si la guerrilla supo sacar ventaja de una negociación que el propio Ejecutivo reputaba de meses y que al prolongarse por años fue motivo de cierta exasperación gubernamental y de una premura repentina, entre septiembre y octubre de 2016, que llevó, más que a la firma de la paz, a la expedición de un protocolo pendiente de leyes y decretos, todavía en polémico desarrollo y que por lo demás fue denegado en el plebiscito también a hoy sin enmienda equiparable.    

Por su parte, frente a la estrategia general adoptada por el Estado nadie dudaría de que mucho antes de la entrega de las armas, aun estando las Farc en plena actividad armada, las autoridades lograron la proscripción del flagelo del secuestro, la baja sustancial de los homicidios, la reestructuración favorable de las Fuerzas Militares y hasta 2013 una considerable reducción de los cultivos ilícitos, a 47.000 hectáreas sembradas. Desde entonces, sin embargo y a raíz del cambio de estrategia en este aspecto, de una parte incidida por las negociaciones con las Farc sobre algún punto de la agenda y de otra por la controversia sobre el efecto de los fungicidas para la aspersión aérea, los cultivos ilícitos (en un rubro de 188.000 hectáreas sembradas) y la producción y exportación de cocaína se dispararon como nunca y al momento ello también es motivo de discrepancias en ascenso entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

En tanto, la entrega de armas de las Farc se ha constituido, por decirlo así, en un hecho inédito dentro de los actos que al respecto se han verificado tantas veces en Colombia. No hubo, como en su momento lo obligó un fallo de la Corte Constitucional, una declaración solemne o un acto de rendición del armamento que significara la cesación de la violencia y del terror. Pero más allá de ello, todo ha transcurrido dentro de un secretismo en el que, principalmente, se ha evitado que cada guerrillero y comandante renuncie y entregue su arma a la vista del público. Para esto se ha determinado a la ONU de notaria de las 4.400 armas que se han entregado y de las 2.000 o algo más que faltan por surtir este proceso. Lo que de un lado para algunos está bien, pues es solo una labor mecanicista exenta de toda simbología, evitando la presencia de los testigos más allá del par de expresidentes internacionales de siempre y de la prensa colombiana, pero para otros deja abiertos interrogantes sobre si hubo en los actos de terror armas de gobiernos como el venezolano, según dijeron las autoridades en su momento, y cuál fue la hoja de vida de cada artefacto, de acuerdo con su impronta y número, lo cual debería ayudar en la corroboración de delitos en la jurisdicción transicional. Habrá que esperar a que la ONU publique lo que debe publicar más allá de las palabras crípticas de su delegado.  

Síganos en nuestras redes sociales: 

@Elnuevosiglo en Twitter

@diarionuevosiglo en Facebook