Es injusto el nuevo incremento del salario de los congresistas a treinta millones de pesos, del 6.75 por ciento, con retroactividad al primero de enero del 2017 y una bofetada al país, incluido en el decreto de incremento para los trabajadores del sector público, cuando medio Colombia gana setecientos cincuenta mil pesos y el Gobierno repite a diario que no hay plata, argumento esgrimido frente al reciente paro de maestros que se prolongó por treinta y cinco días, con desastrosas consecuencias en el territorio nacional.
Que la fórmula para determinar las dietas de los parlamentarios viene desde 1991 es una explicación fuera de contexto. El ministro de Hacienda sustentó la reforma tributaria en el déficit fiscal, el aumento de impuestos golpea a la ciudadanía, se insiste en que ella ha sido insuficiente, la gente está hasta el cuello con las alzas de los artículos de la canasta familiar, eso lo sienten quienes deben madrugar a las cuatro de la mañana para trasladarse a sus sitios de trabajo, las amas de casa, los miembros de los estratos bajos, de la clase media, los comerciantes, los empresarios, los estudiantes, las viudas, los pensionados y los desempleados, toca amarrarse el cinturón y sobrevivir.
El Gobierno gasta, la mermelada continúa repartiéndose, la corrupción crece y se debate la aprobación de más curules en el Congreso, -no van a caber senadores y representantes en el Capitolio, con sus asesores, colaboradores y guardaespaldas- entregados al clientelismo. Se dirá que la democracia cuesta, este no es el caso y que en comparación con el presupuesto para sostener la administración, el porcentaje de los salarios de los parlamentarios no es significativo, eso tampoco justifica el oprobioso desnivel de sueldos y sacrificios.
Hay parlamentarios que se destacan y cumplen con sus obligaciones, existen iniciativas tendientes a disminuir las asignaciones onerosas, algo debe hacerse para dignificar la representación popular. Mientras esto ocurre, por la llamada vía rápida y las figuras legislativas especiales, la Constitución se desvertebra. Se anuncian coaliciones a la búsqueda del Presidente de la República para el periodo 2018- 2022, que los candidatos incluyan en sus programas no solamente la renovación de la rama legislativa sino la adopción de medidas adecuadas para mejorar su funcionamiento tiene que ser un propósito prioritario conjunto. Democracia de espaldas a los intereses populares no es modelo aceptable. Los privilegios exorbitantes menoscaban la intención de voto, la desfiguran y demeritan, la representación popular pierde sentido, la dignidad del servicio público se empequeñece.
El alza contraproducente de las dietas menoscaba en grado superlativo la imagen del Congreso, de la política y de la clase dirigente.