En medio de la ola de agitación social que viene atravesando el país desde hace tres meses, con paros cívicos, marchas multitudinarias, bloqueos de vías y de sistemas de transporte público masivo, se ha puesto sobre el tapete, una vez más, el eterno debate entre los límites que hay entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre locomoción. Prácticamente no pasado un día, en las últimas semanas, en que no se escuchen miles de quejas de ciudadanos por la afectación que están sufriendo debido a las movilizaciones de distintos sectores en grandes y pequeñas ciudades, que generan desesperantes trancones e impiden a millones de colombianos cumplir de manera normal con sus distintas obligaciones y actividades.
El debate ha tenido mayor eco debido al paro que vienen adelantando desde hace cinco semanas los más de 300 mil profesores del sector público, que en desarrollo de su protesta se han tomado las principales ciudades a punta de marchas, plantones, jornadas de antorchas, cacerolazos y toda clase de actos con el fin de presionar el logro de un acuerdo sobre sus exigencias en el marco de las difíciles negociaciones con el Ministerio de Educación.
Como es apenas obvio hay una gran empatía de la ciudadanía con la masa de docentes, pues éstos ocupan un estatus muy importante dentro de la sociedad y son vistos como ejemplo de buenas costumbres, valores ciudadanos y transparencia. De allí que, sería ingenuo negarlo, muchos colombianos han sido mucho más tolerantes con las afectaciones producidas por las marchas y protestas de los maestros que con las movilizaciones recientes de otros sectores. Sin embargo dado lo prolongado del paro educativo, que tiene a más de ocho millones de estudiantes sin clases desde hace más de un mes, la paciencia de muchos en las ciudades y municipios se empieza a agotar rápidamente y cada vez son más las voces que exigen de la autoridad que se les aplique la ley vigente que es taxativa en torno al que ninguna marcha puede bloquear sistemas de transporte masivo ni impedir de forma sustancial el libre tránsito de los ciudadanos que no tiene nada que ver con la protesta.
No es un tema fácil para los alcaldes como tampoco para las autoridades de policía. Si bien la mayoría de las movilizaciones de los profesores han sido objeto de autorización previa y se han acordado con las respectivas administraciones locales y distritales las medidas para que no se bloqueen las vías ni tampoco se llegue a enfrentamientos con la Fuerza Pública, lamentablemente en no pocos casos dichas movilizaciones terminan generando atascos vehiculares y peatonales de gran dimensión. La semana pasada, en la capital del país, incluso fue necesaria la intervención del escuadrón antimotines de la Policía cuando los profesores intentaban bloquear los accesos al aeropuerto El Dorado. Obviamente impactó a la ciudadanía ver a los profesores enfrentados con los uniformados, que incluso tuvieron que hacer uso de gases lacrimógenos para despejar la importante avenida. Aunque se generó un debate en torno a si hubo exceso en el uso de la fuerza por parte del Esmad e incluso el Alcalde ofreció disculpas si esto hubiera ocurrido, lo cierto es que amplios sectores de los capitalinos se mostraron solidarios con la administración distrital al considerar que no tenía otra opción que actuar y evitar el bloqueo del terminal aéreo más importante del subcontinente.
En medio de este debate en donde son múltiples las ópticas que desde distintos sectores se dan sobre la prevalencia de los derechos a la protesta o a la libre locomoción, varios congresistas han advertido que el tema es tan complejo que aunque se trató de regular en el Código Nacional de Policía, que entró a regir en enero pasado, la propia Corte Constitucional limitó varios de los artículos que reglaban temas como el derecho a reunión, las manifestaciones en público, las autorizaciones previas de las autoridades y el accionar de la Policía, advirtiendo que se requiere que el Congreso expida una ley estatutaria al respecto, dado que se trata de derechos fundamentales.
En vista de lo ocurrido en los últimos tres meses y sin entrar aquí a dilucidar si tienen o no razón las exigencias de los maestros al Gobierno, es claro que su protesta, legítima y amparada por normas constitucionales, ha tenido sin embargo una afectación muy grande para millones de colombianos en materia de movilidad. Tanto el Gobierno como el Congreso están, pues, en mora de presentar esa ley estatutaria que regule, según los criterios establecidos por la Corte, el límite claro y diferenciable entre todos los derechos fundamentales que aquí están en juego.