Repuesta del Fiscal General Néstor Humberto Martínez a editorial de El Tiempo sobre sus preocupaciones en torno a los bienes de la guerrilla. Señala que su deber es no guardar silencio sobre los problemas en torno a las negociaciones
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El jefe del ente acusador Néstor Humberto Martínez reveló que hace dos semanas el presidente Santos, advirtiendo sus preocupaciones sobre el tema de las Farc y sus bienes, le invitó a contribuir con sus criterios en la legislación, pero los asesores gubernamentales no lo consultaron.
Así lo señaló el jefe del ente investigador en una carta enviada al diario El Tiempo a raíz de un editorial titulado “Tormenta innecesaria”, a raíz de la denuncia del Fiscal sobre la riqueza de las Farc.
En su misiva, Martínez recalca que “estas preocupaciones las he compartido con el Gobierno y con el Jefe del Equipo Negociador de vieja data, en el buen propósito de coordinar la política pública sobre el particular. Conozco de primera mano la preocupación del señor Presidente de la República de acertar en el manejo de este asunto, en beneficio de los más caros intereses del país. No por otra razón hace un par de semanas, conocedor de nuestras preocupaciones, el propio señor Presidente invitó al Fiscal General a contribuir con su criterio en la definición de estos asuntos. Desconozco las circunstancias que impidieron que, a nivel de los asesores, se hiciera efectiva la decisión presidencial”.
La defensa
Señala que “la Constitución es un orden superior que nos cobija a todos. A su amparo podemos forjar una paz incluyente y legítima, que se ocupe con generosidad de los reinsertados. Por ello, en su defensa debemos ocuparnos todos, bajo la convicción de que el daño al proceso de paz lo prohíjan quienes prefieren el silencio a la oportuna rectificación, así se afecte la legitimidad de las normas que se están forjando para consolidar la reconciliación de los colombianos”.
En la carta, el Fiscal indica que “el Acuerdo de Paz inicial no preveía absolutamente nada sobre la entrega de los bienes de las FARC. Por ello la Fiscalía solicitó públicamente una definición de Estado sobre este asunto, bajo el entendido de que ninguna paz puede ser "estable y duradera" si las guerrillas desmovilizadas hacen tránsito a la vida civil y a la democracia, con multimillonarios patrimonios espurios al servicio de sus intereses y de su causa política”.
Señala que “de allí que las FARC hicieron pública una propuesta para la entrega de sus activos, justa el día anterior al plebiscito del pasado 2 de octubre, en la que se comprometieron a "declarar ante el Gobierno los recursos monetarios y no monetarios que han venido conformando nuestra economía de guerra" y se anticiparon a definir el destino de su patrimonio ilegal, al manifestar que con él procederían a "la reparación material de las víctimas en el marco de las medidas de reparación integral, observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Coree Constitucional respecto a los recursos de guerra".
Bienes y activos
Sostiene el Fiscal que “esta declaración unilateral de las FARC fue incorporada por los negociadores, sin reservas, al texto final del segundo Acuerdo de Paz, bajo el acápite 5.1.3. Adicionalmente se previó que "los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria".
Señala que “ante el alcance que podría tener el nuevo Acuerdo en materia de los activos de las FARC, mediante comunicación del 21 de noviembre de 2016 la Fiscalía tuvo ocasión de compartir las siguientes cuestiones con el Jefe del Equipo Negociador, Dr. De La Calle: "(iv) Se lee en el Acuerdo que con los activos inventariados las FARC "procederán a la reparación de las víctimas", Surge la duda acerca de si ello significa que las FARC podrán conservar su patrimonio ilícito para los fines de una reparación directa a su cargo —en condiciones indefinidas por ahora- y, en tal caso, no serían desposeídas de sus rentas ilegales. Otra interpretación -que considera la Fiscalía es la que se ajusta al orden jurídico de la Nación-, es aquella según la cual las FARC harán entrega al Estado de su patrimonio para contribuir a fondear la reparación de las víctimas, la que se surtirá a través de las autoridades...”
Sostiene el Fiscal que “la Fiscalía se ha ocupado de escudriñar en las sentencias de la Corte Constitucional acerca del eventual alcance de esta previsión del Acuerdo. E único pronunciamiento que ha sido posible encontrar apropósito de los criterios que deben tenerse en cuenta para la reparación integral de las víctimas, con recursos de una organización armada (Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006), lija un límite a la reparación, consistente en la salvaguarda de los recursos necesarios para preservar la subsistencia digna de los procesados. Tiene que concluirse, entonces, que lo que pretende el Acuerdo es preservar en cabeza de las FARC una parte de su patrimonio ilícito, para la "subsistencia digna" de todos los desmovilizados?".
Preocupación
Asegura que “en este contexto, mi reciente intervención pública resulta de la legítima preocupación que le asiste a la Fiscalía en la defensa del orden jurídico que le compete, justamente ante el riesgo de que, al amparo de la jurisprudencia sobre los "recursos de guerra", parte del patrimonio ilícito de las FARC proveniente del secuestro, el narcotráfico y la extorsión, pueda llegar no a las víctimas, sino a los victimarios, a través del artilugio de un patrimonio autónomo”.
Puntualiza Martínez Neira diciendo que “esto no es un asunto menor, ni la advertencia puede calificarse como una -Tormenta Innecesaria". Nace precisamente del antecedente de que el Acuerdo del Teatro Colón, en materia del destino de los bienes inventariados de las FARC, sibilinamente remite a una jurisprudencia para preservarle a los desmovilizados una parte de sus recursos ilícitos y por el riesgo de que el Decreto Ley 903 puede llegar a ser el mecanismo para materializar ese propósito”.
Sostiene que “en efecto, la simple lectura del artículo 4°. del Decreto Ley 903, lejos de cualquier ejercicio hermenéutica afirma sin eufemismos que con los bienes inventariados de las FARC "se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las medidas de reparación integral y la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final".
“Pues bien: con apego a la ley será posible destinar recursos del nuevo Fondo a la "reincorporación económica y social" de los desmovilizados, concepto que - bajo el estricto paraguas del apartado 3.2.2 del Acuerdo Final, a cuya simple lectura me remito- permitiría beneficiar el Centro de Pensamiento y Formación Política del partido que surja de la transición de las FARC a la actividad política legal (3.2.2.2); los proyectos productivos y de servicios que gesten a través de la empresa ECOMUN (3.2.2.6); los proyectos de emprendimiento individual que postulen (3.2.2.6), etc”.
Indica que “podrá el editorialista dar parte de tranquilidad a los colombianos frente a nuestra preocupación, invocando simplemente el criterio de autoridad del Ministro Rafael Pardo, cuando el texto del decreto ley recientemente expedido no da lugar a interpretación alguna? No por otra razón, entiendo, el Comisionado de Paz estima que se incurrió en una "chambonada".
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