Con el objeto de recuperar 28.000 millones de pesos que fueron consignados en 1.574 cuentas bancarias compartidas a nombre de los beneficiarios y de algunos de los entonces directores territoriales del liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras inició una investigación.

Los dineros depositados por esa entidad tenían como finalidad la materialización de subsidios integrales de tierras de las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011 y el Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria (Sidra) entre el 2014 y 2015 para familias campesinas en todo el país.

“En total son 28.000 millones de pesos destinados a cubrir los gastos notariales y de registro de tierras (en los casos de compra de predios), y posteriormente el subsidio para la financiación de los proyectos productivos de los campesinos beneficiados. Contra la Agencia ya se han interpuesto 26 tutelas y un incidente de desacato reclamando la entrega efectiva de estos recursos”, explicó la Agencia Nacional de Tierras.

Como parte del proceso de investigación y recuperación de los dineros públicos, y de acuerdo a lo permitido por la Ley de Habeas Data, la Agencia les solicitó a cinco bancos, donde está el 90 por ciento de las cuentas identificadas, los datos de los titulares con el fin de emplazarlos y conminarlos a que cedan esas cuentas a la autoridad de tierras para su administración.

“Estamos llamados a presumir la buena fe, pero estamos ante una irregularidad pasmosa. Estos son recursos públicos que les pertenecen a los campesinos y que, a pesar de haber salido del Tesoro nacional hace hasta nueve años, aún no le llegan a nadie”, afirmó Miguel Samper Strouss, director general de la Agencia de Tierras.