Muchos esperaban dar el gran salto a que el Estado costeara el cien por ciento, como lo planteó el propio presidente Santos por algunos periodos. No obstante, la propuesta del proyecto es mantener el esquema mixto de dineros públicos y privados
_________________________
Una de las esperanzas que surgieron en varios sectores con la propuesta de la reforma política-electoral, producto de los acuerdos de paz, es que el Estado entrara a financiar el cien por ciento de las campañas de cara a las elecciones para evitar la ayuda de industriales y comerciantes, que puede ser nociva por el juego de intereses, o aún peor la entrada de dineros de dudosa procedencia. Sin embargo el texto que fue radicado en el Congreso no hace mayores avances en este sentido.
Los dineros que entregó la controvertida multinacional brasileña Odebrecht a campañas políticas para su financiación prendieron de nuevo las alarmas porque la relación entre políticos y empresarios no siempre termina bien.
Incluso en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por los cerca de 11 millones de dólares que entregó Odebrecht a funcionarios en Colombia para quedarse con contratos de obra pública, como la Ruta del Sol, el Consejo Nacional Electoral investiga las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014 así como a la de Oscar Iván Zuluaga en 2014.
Precisamente a raíz de las irregularidades en que incurrió Odebrecht en Colombia, en enero pasado el presidente Santos, quien ha señalado que no tiene conocimiento que a su campaña haya aportado esta multinacional, dijo que “el país espera unas recomendaciones concretas para fortalecer la independencia y la autonomía de la organización electoral, para modernizar y hacer más transparente nuestro sistema electoral”.
En ese sentido propuso que “piensen si en este momento para el país, por un par de periodos, no sería conveniente una financiación ciento por ciento estatal, para dejar a un lado todas esas injerencias de todos los contratistas y de todos los intereses económicos, sobre nuestra democracia”.
Puso de presente que los países que tienen financiación cien por ciento estatal se quejan de la injerencia del Estado en el proceso electoral, mientras que aquellos que adoptaron el modelo de financiación totalmente privada, también tienen reservas al argumentar que los intereses privados se imponen a los del Estado.
“Los sistemas híbridos tienen los dos problemas. Entonces también es una discusión permanente”, señaló Santos.
La reforma
El proyecto de reforma política electoral que está para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara indica que “las campañas para la elección popular de cargos y corporaciones públicas serán financiadas preponderantemente con recursos estatales, mediante anticipos, reposición de gastos y financiación estatal indirecta de algunos rubros que incluirá, al menos, la propaganda electoral y la franquicia postal, de conformidad con la ley”.
Es decir que se mantiene el esquema que existe actualmente con un sistema mixto en el cual el Estado financia una parte de los gastos de las campañas políticas, en tanto que la otra parte surge de recursos propios de los candidatos y donaciones de particulares.
En lo que sí avanza la reforma política electoral es en prohibiciones para evitar que las campañas por medio de dádivas puedan ganar el favor de los electores.
En este sentido señala que “las campañas electorales y las organizaciones políticas no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, ni contratar transporte de electores para la fecha de elecciones y para actos y manifestaciones públicas. Las transacciones y movimientos monetarios de las organizaciones políticas y las campañas electorales deberán realizarse únicamente mediante los mecanismos y medios del sistema financiero”.
Agrega la iniciativa que la ley podrá limitar el monto total de los gastos de las campañas electorales, así como las cuantías de las contribuciones privadas.
Dice también que los particulares que hagan contribuciones de cualquier naturaleza a partidos, movimientos políticos o campañas electorales, también están obligados a rendir públicamente cuentas sobre el origen, volumen y destino de ellas.
La violación de los topes máximos de financiación de campañas, así como de las normas de propaganda electoral, transporte de electores y movimientos monetarios, debidamente comprobadas, serán sancionadas con la pérdida de investidura o cargo. El reemplazo de quien pierda la investidura o cargo por estas razones se hará mediante un nuevo escrutinio, por parte del Consejo Electoral Colombiano, descontando los votos del candidato o lista de candidatos sancionada. La ley reglamentará la materia.
De igual forma es prohibido a los partidos y movimientos políticos y a grupos significativos de ciudadanos recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.
El Consejo Electoral Colombiano implementará el Registro Nacional del Proveedores Electorales. En él se inscribirán todas las personas que suministren bienes y servicios a las campañas electorales y se registrarán precios de referencia de los mismos. Las campañas electorales solo podrán adquirir bienes y servicios de quienes aparezcan en el Registro, con excepción de las adquisiciones de mínima cuantía que defina el Consejo Electoral Colombiano.
Síganos en nuestras redes sociales: