Las declaraciones más recientes del doctor Humberto De la Calle, el senador Roy Barreras, y el ya ex ministro del interior, Juan Fernando Cristo, son el anuncio del tono que piensan darle a su participación en el proceso político que se avecina.

Queda, pues, notificada la oposición democrática.

No obstante, la atención debe dirigirse a construir propuestas realistas y viables para solucionar los problemas que enfrentan los colombianos.

Equivocarse de prioridades tendría un costo incalculable para el futuro del país.

Ninguna duda puede caber, en las circunstancias actuales, acerca de que lo fundamental es conseguir que la economía crezca sostenidamente a un mínimo del 7%.

Son tan pronunciadas las caídas de la inversión, la producción y el consumo que si no se dirigen los esfuerzos a conseguir su reactivación caeríamos en un hueco negro con consecuencias de pronóstico reservado.

Se llegó a esta situación, que pudo haberse evitado, tal y como se advirtió sin eco alguno, infortunadamente, por las voces que han estado señalando los peligros que se avizoran.

Una reforma tributaria que se veía necesaria dejó de presentarse oportunamente con el fin de evitar que su trámite en el congreso tuviera un impacto negativo sobre la votación a favor del Sí en el plebiscito.

Y ya que se trataba de empujar el acuerdo Santos-Timochenko como fuera, además de semejante imprudencia, el Gobierno acudió al uso de recursos que reclamaban distintos sectores sociales para impulsar, mediante actos y publicidad millonarios, el pronunciamiento positivo de la gente.

¿Cuánto costó el pomposo acto en Cartagena, con la presencia de muchos invitados internacionales, para presentar como un hecho cumplido lo acordado en La Habana antes de que se escuchara la voz de los votantes?

¿A cuánto ascendió la factura que se canceló por concepto de avisos, cuñas y demás en innumerables medios de comunicación?

Sin embargo, ganó el No porque los ciudadanos resolvieron votar por la paz, pero en contra de varios puntos de lo firmado por considerarlo perjudicial para los colombianos.

El famoso acuerdo, entonces, ha afectado significativamente la salud de la economía nacional.

Ni hablar de la magnitud del esfuerzo que tendrá que hacerse para curar el paciente y lograr que se ponga de pie nuevamente.

Esto es lo que realmente debe importar.

Crear condiciones para que crezca la inversión, facilitar la actividad de las empresas, acabar con el papeleo y los trámites innecesarios, bajar los impuestos y garantizarle seguridad jurídica a los empresarios es ahora más importante que cualquiera otra cosa.

Solamente así será posible dar pasos efectivos hacia la solución de los problemas de pobreza, inequidad y exclusión social.

Lo demás es demagogia dañina.

A pesar de semejante urgencia hay quienes están saliendo, agresivamente, a ondear la bandera del acuerdo con las Farc cual garrote contra quienes han tenido, tienen, y deben seguir teniendo, una posición crítica respecto de todo lo malo que se convino en Cuba.

Aun cuando las prioridades para los colombianos son otras, y no se puede cometer el error de desconocerlas, todo indica que resultará inevitable discutir a fondo la obra de Santos y Timochenko.

Siendo así, hay que prepararse para pedir a los colombianos un mandato claro tendiente a sacar esas 310 páginas de la Constitución y corregir los gravísimos errores que cometieron los negociadores.

Lo que importa es Colombia.

Como no hay mal que por bien no venga, en 2018 el pueblo de Colombia podrá emitir su veredicto final.

Se hará escuchar de nuevo, toda vez que habló con claridad en Octubre de 2016, pero el Gobierno prefirió hacer caso omiso de los dictados de su decisión soberana.