En las toldas del uribismo se considera que los acuerdos y resoluciones que el Gobierno ha firmado y dictado para arrancar la implementación logística del pacto con las Farc en materia de desarme y desmovilización son “exigibles” legalmente. Bajo esa tesis, entonces, cabría una acción de cumplimiento en materia de plazos para que termine la entrega de armas y acabe la vigencia también de las zonas veredales y campamentarias en donde están concentrados los guerrilleros. Sin embargo, lo que ha trascendido es que a raíz del fallo de la Corte Constitucional que advirtió que el Congreso sí puede modificar sin permiso del Gobierno, las Farc insisten en que es necesario prorrogar los cronogramas de desarme, desmovilización, normalización de la situación jurídica y la reinserción política.
Plazos con Farc, exigibles legalmente (II)
“… Si tanto insiste el Gobierno en que todo lo firmado con las Farc es intocable, pues que ahora aplique… Hay unos plazos para acabar con el desarme y la entrega de las caletas de las Farc… También hay plazos para que se levanten las zonas veredales y vuelva a imperar allí el Estado… No son decisiones caprichosas, sino sustentadas en normas legales de distinto orden y, por tanto, su cumplimiento puede ser exigible legalmente ante cualquier juez o por intermedio de un derecho de petición ante la propia instancia administrativa que emanó normatividad al respecto”, dijo una alta fuente uribista en charla off the record con un periodista de EL NUEVO SIGLO.
El recorte de EU advertido
La decisión de la Casa Blanca de reducir en una tercera parte la ayuda de Estados Unidos a Colombia, a partir del 2018, frente a los 451 millones aprobados recientemente por el Congreso de ese país en el presupuesto de este año, no hace más que ratificar lo que había advertido clara y enfáticamente al gobierno Santos el subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos, William Brownfield, durante la reunión que tuvo con el Jefe de Estado y altas autoridades colombianas en marzo pasado en Bogotá. La posibilidad del recorte en la ayuda había sido puesta en duda por algunos sectores debido a la reciente cumbre entre los presidentes Santos y Donald Trump en Washington, en donde ambos gobiernos ratificaron que seguirían trabajando juntos para acabar con el auge de narcocultivos en Colombia, que ya llegaron a final de 2016 a 188 mil hectáreas.
Cumbre diplomática vs. realidad presupuestal
Varios analistas advirtieron tras la cumbre entre Santos y Trump, la semana pasada en la Casa Blanca, que los 451 millones aprobados para este año habían sido comprometidos en 2015 por el entonces presidente Obama y que su aprobación este año, ya con Trump a bordo, era por simple mecánica de trámite presupuestal en el Congreso de ese país. Indicaron, igualmente, que la verdadera postura de Trump sólo se sabría cuándo presentara su primer proyecto de presupuesto de ayuda extranjera para 2018. Dicho y hecho: el recorte fue de 35% y el aporte baja a 241 millones. Se confirmó así lo advertido desde marzo pasado por Brownfield. Una cosa es la diplomacia y otra la realidad presupuestal.
¿Y la información de Panamá?
Las autoridades tributarias colombianas están muy pendientes de la aplicación en la práctica y el día a día de las reformas al sistema financiero panameño, sobre todo en cuanto a compartir información con varios países sobre los capitales que personas jurídicas y naturales extranjeras tienen en el país del istmo. La DIAN reveló días atrás que la flexibilidad para declarar bienes de colombianos en el exterior permitió registrar capitales nuevos por encima de los 8 billones de pesos, que tributarán más de 1 billón al Estado. Sin embargo, en Panamá hay muchas sociedades de fachada en donde personas y empresas colombianas, entre legales e ilegales, mueven multimillonarias sumas, como quedó al descubierto el año pasado con el llamado escándalo de “los papeles de Panamá”.
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