La última carta de Maduro | El Nuevo Siglo
Jueves, 25 de Mayo de 2017

Las bases de la polémica constituyente propuesta por el presidente venezolano Nicolás Maduro no hicieron más que profundizar la polarización política y las violentas protestas en ese país que lleva 56 días de marchas y asonadas a lo largo y ancho del territorio, que han dejado 55 muertos y más de un millar de heridos.

Al grito de “constituyente o guarimba” (como se llama a las protestas callejeras), el mandatario venezolano llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) un proyecto que plantea citar una asamblea de 540 miembros, de los cuales 364 se elegirían por votación municipal y los restantes 176 saldrían de ocho sectores sociales, como trabajadores, indígenas, campesinos y otros.

Como era de esperarse, la oposición de inmediato reiteró que la convocatoria de la constituyente es una trampa del chavismo para aferrarse al poder, pese a que siete de cada diez venezolanos quiere que Maduro y su gobierno se vayan. Tanto desde la Asamblea Nacional -principal bastión de los contradictores del régimen- como por parte de los voceros de la Mesa de Unidad Democrática (que reúne a todos los líderes del antichavismo) se planteó, por el contrario, una especie de “referendo consultivo” en donde los venezolanos puedan pronunciarse rechazando la intentona de la constituyente y exigiendo la citación inmediata de comicios generales. Paradójicamente paralelo a la movida de Maduro, el CNE por fin fijó las fechas para las elecciones de gobernadores (aplazadas desde el año pasado) y de alcaldes (que deben realizarse este 2017). La cita en las urnas sería el 10 de diciembre, pero voces de la oposición consideran que se trata de otra  trampa que busca dar la sensación de que el sistema democrático aún funciona en Venezuela, mientras por debajo de cuerda, en un escenario constituyente de clara tendencia oficialista, el régimen apuntala la dictadura real.

¿Qué puede pasar en esta nueva y grave contradicción? Para los analistas locales es claro que el chavismo está planteando una reforma constitucional que le permita mantenerse en el poder más allá del 2019, cuando termina el periodo de Maduro. Traen a colación que en otros países del llamado eje del “socialismo del siglo XXI”, los presidentes también citaron procesos constituyentes y otros mecanismos ‘amarrados’ de participación popular o de ámbito parlamentario gobiernista para rehabilitarse políticamente con el fin de postularse de nuevo, como ocurrió con el boliviano Evo Morales o el ecuatoriano Rafael Correa, o asegurar la sucesión en sus parciales.

Maduro sabe que la comunidad internacional no le tiene confianza a él ni mucho a su intempestivo proceso constituyente. Y también es consciente que cada día que pasa con la violencia en las calles, su margen de acción se estrecha más. Quienes pensaban en el oficialismo que la oposición no sería capaz de mantener las manifestaciones más de una semana seguida, es claro que se equivocaron sustancialmente. A ello se suma que las fracturas al interior del chavismo son más visibles, como lo prueban las posturas críticas de la Fiscal General, muy de la línea de la otra cabeza fuerte del régimen, Diosdado Cabello. En los cuarteles militares, de la Guardia Nacional y policiales, también se rumora sobre divisiones e incomodidades de muchos oficiales de alto, mediano y bajo rangos que consideran que su papel no se puede limitar a que el régimen los obligue a reprimir a una sociedad que clama democracia, libertad, alimentos, medicinas, seguridad, justicia imparcial, elecciones libres… Una sociedad que no es un conglomerado social extranjero o ajeno, sino que está compuesto por sus propias familias, allegados y conocidos.

El régimen venezolano, con la oficialización de su propuesta constituyente, evidencia que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de no soltar el Palacio de Miraflores, así ello implique terminar de desenmascarar la dictadura de facto que ya gobierna,  o sumir a todos sus habitantes a una guerra civil. La situación es tan crítica que, incluso, ya algunos analistas hablan de la existencia en las calles de una “guerra civil de baja intensidad” que amenaza con volverse abierta, cruenta y general.

La oposición es consciente de que en estas últimas semanas ha hecho tambalear el chavismo como nunca antes, pero sabe que la fuerza de la calle no podría por sí sola derrumbar el régimen, y menos aún si la violencia de lado y lado se generaliza, ya que ello desnaturaliza su causa democrática y distrae el logro del objetivo. Un paro nacional total, que lleve a millones a las calles, pero que también abarque el transporte público y a los ya debilitados sistemas financiero, comercial y empresarial, apunta a ser la única alternativa real a corto plazo. Ese es un reto mayor y difícil, pero el único capaz de forzar a Maduro y compañía a rendirse sin un derramamiento de sangre a nivel nacional.