Madrid instó al presidente nacionalista catalán, Carles Puigdemont, a defender su proyecto de referéndum de independencia en el Parlamento español, en respuesta a la campaña mediática desplegada por los separatistas para presionar al gobierno de Mariano Rajoy.

"El gobierno no puede negociar un referéndum que la Constitución no permite, pero lo que sí permite nuestro ordenamiento es que ante los legítimos representantes de todos los españoles se pueda debatir cualquier propuesta", dijo en rueda de prensa la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.

Puigdemont estará precisamente el lunes en Madrid, para dar una conferencia pública en la que ofrecerá al gobierno conservador de Mariano Rajoy pactar un referéndum de autodeterminación. El dirigente nacionalista ha dicho que quiere celebrar la consulta hacia el mes de septiembre, con o sin la aprobación del ejecutivo central.

En la conferencia del lunes expondrá previsiblemente los apoyos recabados por el Pacto Nacional por el Referéndum, una iniciativa que pretende acordar la consulta con el gobierno español, y que incluye a asociaciones, empresarios, sindicatos e instituciones diversas, entre ellas el FC Barcelona.

Antes de esa cita, los promotores de la iniciativa expondrán este viernes en Barcelona el trabajo hecho. Recientemente dijeron haber aunado 400.000 firmas, entre particulares e instituciones.

Sáenz de Santamaría argumentó este viernes que, según la Constitución, la soberanía reside en "el conjunto de los españoles", y "un referendo de autodeterminación no puede ser negociado por el gobierno ni ningún poder del Estado".

Por ello, estimó que el lugar para debatir de ese referendo no es una negociación entre los gobiernos catalán y español, sino el Parlamento, "donde está residenciada la legítima representación de todos los españoles".

La vicepresidenta mencionó que ya ha habido "precedentes" similares.

En abril de 2014, una propuesta destinada a autorizar y celebrar un referéndum en Cataluña ya fue rechazada por la cámara baja del Parlamento español, con 299 votos en contra, de un total de 350 escaños.

Antes, en 2005, fue igualmente rechazado el plan soberanista presentado al Parlamento por el entonces presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe.

Dicho plan propugnaba para la región un régimen de "libre asociación" con el Estado español, e incluía el derecho a la autodeterminación.