Nicolás Maduro, en medio de la profunda crisis a que llevó a su país, ha resuelto convocar una Constituyente con el argumento falaz de “afianzar la protección social y la igualdad”. Ello quiere decir que la Constitución de 1999, que promovió Chávez, ya no le sirve a la camarilla de burócratas que se apoderó del gobierno del vecino país.

Una Constituyente se convoca cuando hay un modelo constitucional agotado, pero en Venezuela lo que se agotó fue el régimen que implantó el chavismo, que se apoderó de todos los poderes del Estado. El chavismo ya no representa sino el 20 por ciento de los ciudadanos, del que hacen parte el círculo gobernante, la totalidad de los funcionarios públicos, los colectivos sociales y quienes reciben favores del Gobierno.

El conflicto que hoy afronta Venezuela no descansa en el diseño de la Constitución, sino en el desgobierno y el cambio de las reglas del juego para que esta no se cumpla. Lo que hay es una grave y sistemática violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el eclipse de las libertades públicas que están garantizadas en la Constitución, pero no hay autoridad que las haga valer. Se trata de un régimen que se soporta en la represión de la fuerza pública, que ha cobrado la vida de 30 personas en el marco de las protestas últimas.

Según la teoría clásica, dos servicios determinaron el surgimiento de las organizaciones estatales: la seguridad y la justicia. Como en Venezuela no hay separación de poderes, la justicia es una para los amigos del Gobierno y otra para la oposición. Tampoco hay seguridad en ninguno de sus ámbitos. Caracas registra uno de los niveles más altos de muertes violentas en el mundo.

La moderna concepción de los Estados fallidos sostiene que estos los son cuando han perdido el monopolio de la fuerza y el control del territorio. Los colectivos sociales son una fuerza paraestatal que actúa sin ningún control. Agreden, atropellan, asesinan y nadie los investiga. Más bien les anuncian 500 mil fusiles para defender “la revolución bolivariana”.

Con la convocatoria de la “Constituyente comunal”, el Gobierno lo que parece buscar es el rediseño del sistema electoral para asignarle mayor peso a las asociaciones que, supuestamente, deben ejercer control social y replantear las jurisdicciones para que unos Estados tengan más fuerza electoral que otros. Muchos presienten que lo que se quiere es que no haya elecciones, como la de alcaldes y gobernadores, porque saben que las pueden perder.

Diferentes analistas y observadores creen que se trata de una estratagema para terminar de anular la Asamblea Nacional, adscribiéndole sus funciones a la Constituyente, un órgano que también podría recortar o ampliar períodos de funcionarios. En otros términos, se busca es fortalecer los poderes dictatoriales del régimen. Como en ese cuerpo Constituyente no participaría la oposición, ¿entonces sería para hacer la paz con quién? En el entretanto, el pueblo resiste y resiste. Gloria al bravo pueblo.