Jurisprudencia de Corte limita declaratoria a hechos sobrevinientes, sin embargo, cada vez más colectividades ven el mecanismo como la solución más rápida a sus necesidades. Expertos dicen que lo que se debe es cumplir acuerdos del Gobierno
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Algo en común entre los paros cívicos que desde hace varios días paralizan al departamento de Chocó y al puerto de Buenaventura, son los reclamos de sus poblaciones al Gobierno nacional por la falta de inversión en los sectores más sensibles como suministro de agua y mejora de los servicios de salud, educación. Pero también que en ambos casos los promotores para levantar la protesta exigen al Ejecutivo la declaratoria de la emergencia social, económica y ecológica, pues tienen la esperanza que por esta vía se resuelva de forma expedita la grave problemática.
El estado de emergencia es uno de los estados de excepción previstos por la Constitución, que en el artículo 215 dice sobre éste que cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Las reivindicaciones que exigen los pobladores de Chocó y el distrito de Buenaventura son de vieja data sin que en su mayor parte hayan tenido plena satisfacción por parte de los distintos gobiernos. Incluso en el caso de este departamento, los pobladores aseguran que volvieron a protestar porque la administración Santos no ha cumplido con los acuerdos que firmó en agosto pasado y que permitieron levantar el paro que en esa oportunidad se realizó por varias semanas.
En tanto que la administración Santos indica que ha realizado la mayor inversión que gobierno alguno hiciera en la región del Pacífico. Pero pide tiempo para que los efectos de las soluciones que ha adoptado se vean de mejor forma.
No obstante los habitantes de estas regiones dicen estar cansados de esperar y por ello exigen soluciones inmediatas, que consideran a través de la declaratoria del estado de emergencia social, económica y ecológica.
En ese sentido por lo visto en el Pacífico, pareciera que las poblaciones más necesitadas en Colombia empiezan a ver en la declaratoria de emergencia social la solución más rápida a los problemas por la desatención del Estado.
No obstante expertos consultados por EL NUEVO SIGLO consideran que esta no es la solución por tratarse de un estado de excepción y que más bien lo que se necesita es llegar a acuerdos que se cumplan entre el Gobierno y las regiones que reclaman.
"Habitantes dicen estar cansados de esperar y por ello exigen soluciones inmediatas, que consideran a través de la declaratoria del estado de emergencia social, económica y ecológica"
Sería otro el camino
“Pienso que lo que hay detrás es algo mayor, que es un malestar de la gente con el cumplimiento que el Gobierno ha hecho de los acuerdos pactados anteriormente o por la ausencia de la presencia del Estado”, dijo el director del Foro por Colombia, Fabio Velásquez, frente a la solicitud de declaratoria de emergencia social en Buenaventura y Chocó. Agregó que “uno entiende que las comunidades pidan la situación de emergencia justamente porque están interesadas en que haya un mecanismo para que el Gobierno actúe. No conozco, porque no soy abogado, los componentes jurídicos pero lo que sí entiendo es que claramente hay planteada una situación de desconfianza y de desencanto de las comunidades que están en paro con la actuación del Gobierno, que no solamente no ha cumplido los acuerdos sino que además desarrolla unas políticas que afectan los territorios de la gente tanto en el Chocó como en Buenaventura”.
Concluyó Velásquez diciendo que “entiendo la propuesta de la gente, pero me parece que la solución no está ahí en la declaratoria de una emergencia. La solución está en que el Gobierno asuma el cumplimiento de los acuerdos y que haga un diseño de políticas públicas que por fin beneficien a la gente del Pacífico”.
Por su parte el constitucionalista Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, indicó que “los requisitos que establece la Constitución y la jurisprudencia constitucional para declarar un estado de emergencia económica o social, según sea el caso, son bastantes estrictos. Se supone que debe haber hechos sobrevinientes que no hubieran sido previsibles y de extremada gravedad para que este estado de cosas se pueda declarar porque el objetivo de la declaración de un estado de excepción es fundamentalmente darle al Presidente de la República facultades legislativas. Es decir, permitir que no pase por el Congreso y él pueda adoptar decisiones de orden legal”.
Consideró que en los casos de Buenaventura y Chocó no se puede aplicar esta figura porque “a pesar de que son situaciones delicadas, aquí no estamos frente a hechos imprevisibles o sobrevinientes o que no se hubieran podido prever con anticipación. Aquí lo que ha ocurrido es dejar cocinar una bomba social gracias al desgreño de las autoridades nacionales, pero también de las locales”.
Lancheros dijo que en vez de pensar en un estado de emergencia, “lo que se requiere son pactos: un pacto político y un pacto social. Es decir que las autoridades y las comunidades se comprometan para el desarrollo de su territorio”.
Por su parte Juan de Dios Mosquera, director nacional del Movimiento Nacional Cimarrón, dijo que “para el Movimiento Cimarrón la reivindicación del pueblo de Buenaventura de que se declare una emergencia económica y social, ambiental, es una reivindicación totalmente procedente para denunciar a nivel mundial la grave situación que vive el Distrito de Buenaventura; y por el otro lado para exigir del Estado un conjunto de acciones especiales, programadas, que le permitan al pueblo de Buenaventura resolver la situación de salud tan grave, de educación, la destrucción ambiental provocada por la minería arrasadora, la situación de carencia total de inversión social, la situación de violencia delincuencial y violencia generada por el narcotráfico”.
Frente a los temores del Gobierno que si declara el estado de emergencia para estas regiones se caiga en la Corte porque no se darían los requisitos para acudir a éste, Mosquera dijo que “no creo porque la Corte va a tener presente el restablecimiento de los derechos étnicos de las comunidades de Buenaventura, afrocolombianas, va a tener en cuenta el restablecimiento del derecho a la convivencia, a la paz, va a tener en cuenta en estos momentos la grave situación de pobreza, de desigualdad, de injusticia histórica que viven las comunidades afrocolombianas del Pacífico que se han concentrado masivamente en Buenaventura”.
Algunas emergencias
. Decreto 601 de 2017 Avalancha en Mocoa
. Decreto 020 del 2011 Crisis por la ola invernal
. Decreto 2693 del 2010 Situación económica en la frontera con Venezuela
. Decreto 4975 del 2009 Crisis en el Sistema de Seguridad Social de Salud
. Decreto 4704 del 2008 Captadoras ilegales de dinero
. Decreto 195 de 1999 Terremoto del Eje Cafetero
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