Crucial visita del Consejo de Seguridad de la ONU | El Nuevo Siglo
Miércoles, 3 de Mayo de 2017

La llegada hoy a Colombia de los quince embajadores de los países que hacen parte del Consejo de Seguridad de la ONU se constituye en un hecho de amplia implicación política, más aun tratándose de la que para muchos es una de las instancias de decisión más importantes de todo el planeta.

¿Qué propósito tiene esta visita?  Según el Gobierno y la propia ONU el objetivo es revisar sobre el terreno cómo está funcionando la Misión de Paz que el Consejo autorizó a comienzos del año pasado para monitorear y verificar la dejación de armas y desmovilización de las Farc así como para hacer parte del mecanismo tripartita que vigila el cumplimiento del cese al fuego definitivo, según lo pactado en La Habana. Una Misión que las partes negociadoras han querido extender no solo en el tiempo sino también en cuanto a su ámbito, esto para que supervise de igual manera el proceso de implementación del acuerdo, bajo el entendido de que la veeduría de la comunidad internacional garantiza su cumplimiento en pos de la meta final, que no es otra que la consolidación de una paz estable y duradera.

Aunque tanto el Ejecutivo como los voceros de la guerrilla han dimensionado esta visita como un espaldarazo muy importante al avance de la implementación del acuerdo, así como un aval a la forma en que uno y otra han venido desarrollando en los cronogramas  y compromisos, lo cierto es que se peca de ingenuidad al creer que los quince embajadores llegan a nuestro país simplemente para cumplir con la rutina de una moción de aplauso. Claro que habrá manifestaciones de respaldo inequívoco a la hoja de ruta señalada para superar la guerra interna de las últimas décadas. Y claro, también, que es muy posible que se abra paso, por ese mismo motivo, a una posible extensión no sólo del mandato temporal de la Misión, sino de su alcance, como ya se anotó.

Pero el Consejo de Seguridad también deberá ocuparse, como es propio de su rol prevalente, vigilante e imparcial, de llamar la atención a las partes sobre varios aspectos que están poniendo en peligro el desarrollo del acuerdo mismo. Aspectos que tienen que ver con los problemas y demoras registradas en la activación de las zonas de concentración del pie de fuerza subversivo, las dudas alrededor del número de menores entregados por las Farc y la incertidumbre respecto a la fecha límite para terminar el registro, recepción y destrucción de las armas. No menos crucial será lo relativo al porcentaje de disidencia de las Farc y el rebrote de la violencia en las zonas dejadas por estas. De igual manera, tendrá que existir algún tipo de pronunciamiento respecto a los rifirrafes entre el Gobierno y la cúpula insurgente alrededor del alcance y aplicación de las leyes y actos legislativos para la amnistía y la judicialización de los insurgentes, militares y civiles que hayan cometido delitos graves en el marco del conflicto. No hay que olvidar, en este aparte, que la Corte Penal Internacional también proviene del seno de la ONU y todavía no ha dado ningún tipo de concepto jurídico ni puntual sobre los márgenes de impunidad que contiene el acuerdo.

Se espera, por igual, que el pleno de los embajadores haga alusión a la alarma nacional e internacional por  el número creciente de asesinatos de líderes sociales, activistas de derechos humanos y voceros de las comunidades en procesos de restitución de tierras y reparación de víctimas. Una racha criminal que ha registrado en los últimos 16 meses un saldo superior a 170 muertes. Y, a todo ello, habrá que sumar las preocupaciones respecto al proceso de implementación normativa del acuerdo y los sobresaltos que esto pueda tener para el desarme, la desmovilización y la reinserción política, económica, social e institucional de los alzados en armas.

Como se ve, en modo alguno puede pensarse que la visita del pleno del Consejo de Seguridad se enfocará única y exclusivamente, como ya se dijo, en una moción de aplauso. Pues así como habrá un espaldarazo para mantener la ruta de cumplimiento del acuerdo de paz, es seguro que se conminará a las partes a superar las falencias que cada una ha evidenciado. Si esto último no ocurre, entonces el rol mismo de la Misión resultará afectado en su legitimidad y credibilidad, más aún ante una opinión pública cada vez más desconfiada y pesimista al respecto.