$8,3 BILLONES MÁS
Congreso incrementa la adición presupuestal

Foto El Nuevo Siglo

Las comisiones económicas de Senado y Cámara en sesión conjunta, determinaron incrementar el valor de la adición presupuestal que solicitó el Gobierno en más de $600 mil millones.

El monto inicial de la adición era de $7,7 billones y con el aumento quedará en más de $8,3 billones. El incremento neto fue por $676.563 millones.

Se estableció que parte de los recursos de esta adición se destinará a una posible capitalización de Colombia Telecomunicaciones (antigua Telecom) por $1,2 billones.

No obstante, el Gobierno ha dicho que apoya dicha capitalización sólo si la empresa se compromete a aliviar el pasivo pensional de la antigua Telecom que supera los $5 billones.

Asimismo, durante las discusiones se acordó un traslado presupuestal (contracréditos-créditos) adicional por $1,3 billones.

También se adicionó al proyecto la creación de un presupuesto de funcionamiento para la Unidad Administrativa Especial-Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Según fuentes legislativas, con dicha cuenta especial se atenderán los gastos relacionados con la defensa de los intereses del Estado, en especial las controversias internacionales.

No a la capitalización

Los parlamentarios del Centro Democrático criticaron que se use parte de estos recursos para financiar la capitalización de Colombia Telecomunicaciones.

Según afirmó el senador Iván Duque, “después de haber vendido a Isagen, ahora nos vienen a decir que tenemos que aprobar la segunda capitalización de Colombia Telecomunicaciones, cuando su rentabilidad e impacto no es ni siquiera cercano a lo que era Isagen“.

Expresó además que “ahora mete en el artículo y entre líneas para hacer esa capitalización”.

Duque calificó esta jugada como “un gol de último minuto que quiere meter el Gobierno”.

Por su parte, la también senadora María del Rosario Guerra de la Estrella, se mostró en contra de utilizar parte de estos recursos para capitalizar de nuevo a Colombia Telecomunicaciones.

Según dijo la legisladora, “la Nación debe salir en el muy corto plazo de la sociedad que tiene con esta empresa ya que no solamente tendría que asumir la capitalización, sino que también le quedará pendiente el pasivo pensional”.

Dicha capitalización está entre $1,3 y $1,4 billones mientras que el pasivo pensional superaría los $4,5 billones.

Impulso a la economía

Para el Gobierno la adición presupuestal, de ser aprobada por el Congreso de la República buscará avanzar en inversión social, impulsando el desarrollo rural, el posconflicto y realizar inversiones en educación, reducción de la pobreza, salud y desarrollo del campo. 

Igualmente se acelerará el cumplimiento de nuestras metas en educación, lucha contra la pobreza, la salud, el desarrollo rural y la implementación de la paz y el posconflicto, más cupos y mejor la calidad en educación, aseguramiento de raciones de alimentación para los estudiantes, mejores servicios de salud, subsidios al pago de la energía y el gas para los más pobres, así como programas de desarrollo rural como la sustitución de cultivos y aseguramiento del ingreso a los campesinos impactados por fenómenos naturales.

Otro de los frentes de la adición presupuestal serán los subsidios a la energía, para lo cual se adicionarán $800 mil millones que garantizarán reducir el costo que pagan en sus facturas de consumo, familias de estrato 1, en un 60%; como también el subsidio al gas licuado del petróleo, GLP. 

Con este subsidio en energía eléctrica, la factura de una familia de estrato 1 se reduce de $43 mil a $17 mil mensuales, es decir el 60% del valor.

En el caso de quienes no tienen cobertura de gas natural, el subsidio al GLP representa el 50% de la factura para las familias de estrato 1.

Para el posconflicto y desarrollo rural se adicionarán $1,5 billones y $500 mil millones respectivamente para la revitalización del campo y reforzar la política de apoyo a los pequeños agricultores. Son 300 mil productores los que van a recibir apoyo a la producción, 20 mil familias con acceso a crédito subsidiado para apalancar proyectos productivos y seguros para garantizar ingresos a los campesinos frente a los eventos climáticos como inundaciones y sequías y también frente a plagas.