Violencia arrastra a la niñez | El Nuevo Siglo
Miércoles, 3 de Abril de 2019
  • Lo peor es caer en el populismo punitivo
  • Revisar sistema de responsabilidad penal juvenil

 

 

El caso de un niño de 14 años que fue capturado en Medellín el fin de semana pasado, después de asesinar a dos personas a sangre fría, ha prendido de nuevo el debate sobre si es necesario reformar el sistema de responsabilidad penal de menores de edad en Colombia.

Como siempre ocurre, en medio de la controversia empiezan a diferenciarse dos bloques. Uno es partidario de que para casos tan graves como el del menor detenido -de quien se investiga si estuvo involucrado en otros asesinatos por encargo- es necesario crear una legislación excepcional, puesto que si bien se trata de un niño su nivel de peligrosidad es muy alto, incluso para otros menores de edad con los que tenga que estar detenido, por lo menos hasta que cumpla los 18 años, bajo normas de reclusión flexibles y enfocadas en la rehabilitación.

El otro bloque es de la opinión que este caso, que se ha viralizado bajo el preocupante y espantoso apelativo de “niño sicario”, no se puede generalizar y que, por el contrario, son bajas las cifras de personas que con 14 años incurren en esta clase de delitos graves. Incluso traen a colación que Colombia es firmante de varios tratados y convenciones internacionales que obligan al Estado a tratar al menor infractor más que como un victimario como una víctima de un entorno familiar y socioeconómico que lo llevó a terminar en la delincuencia. Así las cosas debe primar la resocialización más que el castigo drástico.

Para nadie resulta un secreto que las organizaciones criminales han optado en los últimos años por utilizar cada vez más niños y menores de 18 años en sus actividades ilegales, sabedores de que por su edad tienen un tratamiento penal y penitenciario flexible en caso de ser capturados y judicializados. Es por eso que la cantidad de infractores juveniles ha venido en aumento.

En medio del debate hay analistas que traen a colación las distintas edades de inimputabilidad penal de niños y adolescentes que rigen en otros países. Si bien esa comparación puede ser un insumo a evaluar en la discusión, hay que tener en cuenta que la situación colombiana es sui generis, ya que el país viene de más de seis décadas de conflicto armado y picos altos de delincuencia común y organizada, en el marco del cual la victimización de los menores de edad ha sido muy superlativa.  Incluso, los distintos análisis e hipótesis que se han puesto sobre la mesa alrededor del caso del fin de semana en la capital antioqueña van en la dirección de que este es un caso más de la escalada de acciones sicariales que se han registrado en los últimos meses tanto en esa ciudad como en otras capitales. Escalada que ya tiene en alerta a las autoridades a nivel nacional, sobre todo porque el índice de homicidios viene en aumento.  

Es claro, y nadie lo niega, que el sistema de responsabilidad penal de los niños y jóvenes requiere un ajuste. Pero este debe analizarse con cabeza fría, cifras objetivas a la mano y consultando las realidades propias de nuestro país y cuáles son las características internas y exógenas que llevan a los menores de edad a infringir la ley. Plantear el debate, e incluso anunciar ya proyectos de ley de reforma penal, al calor del impactante caso del niño detenido en Medellín, no parece lo más adecuado. Caer de nuevo en el populismo punitivo es la peor de las alternativas.

Resulta evidente que la violencia es un torrente continuo que sigue arrastrando a muchas personas, especialmente a los menores de edad que han sido victimizados de múltiples maneras y que, en un ciclo nefasto, en cuestión de meses o pocos años terminan convertidos en victimarios. Si bien están formuladas múltiples políticas para proteger a la niñez y la juventud, la efectividad de las mismas se pone en duda cada vez que ocurren hechos como el del fin de semana en Medellín. Sin embargo, pese a estos graves episodios, no se puede perder de vista que gracias a las estrategias que se han implementado para preservar a los menores de edad de esos ambientes de violencia y agresión, muchas vidas se han salvado. No hay, entonces, que bajar la guardia ni tampoco resignarse a que la violencia está ganando la batalla.