La prueba de fuego | El Nuevo Siglo
Lunes, 30 de Abril de 2018

“La paz terminó siendo una ficción”

En materia de paz Colombia se asemeja hoy a una nave que hace agua por todos sus costados. La poca ilusión que se pudo crear se ha desvanecido en medio de una espiral de violencia que nos retorna a los días de mayor zozobra del pasado. El narcotráfico se empodera y atrae capital y carteles foráneos que hacen su agosto al amparo de una torpe e ineficaz política gubernamental de erradicación y sustitución de cultivos. Las llamadas disidencias de las Farc crecen a la espera del retorno de algunos de sus comandantes, prófugos de la justicia y de la extradición. Las bandas criminales ejercen autoridad y jurisdicción en el Pacífico colombiano. En el Catatumbo se completaron 41 días de dominio absoluto del territorio por organizaciones delincuentes de todo pelambre, sin que el ministro de defensa se diera por enterado y las gentes encontraran protección y alivio a su abandono e inseguridad. Las negociaciones con el Eln bordean un abismo al que no escaparán y el gobierno pasa por la vergüenza de la expulsión de los negociadores del territorio ecuatoriano.

La paz se torna en ficción y se transforma en quimera, sin que la desfalleciente voluntad de los signatarios del acuerdo logre superar los retos del incumplimiento de ambas partes, de la incapacidad del gobierno y de la irrefrenable propensión de dirigentes del partido Farc a la reincidencia delincuencial. Ambos vienen desatando lo que precariamente habían logrado atar.

En medio de este escenario emerge la corrupción en el seno mismo de las instituciones que administran los fondos de la paz y estalla bochornoso episodio en la JEP que no se compadece con la dignidad que deben ostentar los que tienen a su cargo la responsabilidad de la justicia transicional. Allí no solamente se habla de malversación de fondos, sino también de provisión de innumerables cargos burocráticos, como para construir un Leviatán sospechoso de comportamientos, ideológica y políticamente sesgados que, de resultar ciertos, arrasarán con la legitimidad de su misión, porque comprometerán la independencia e imparcialidad de sus miembros. Es una controversia que puede deshonrar a quienes la adelanten y cuyos efectos descalificarán sus fallos y decisiones. Esas diferencias deben ser dirimidas por los órganos de control.

No aborda la Jurisdicción Especial para la Paz el conocimiento del caso Santrich en condiciones que aporten tranquilidad a la opinión pública. Sus primeras manifestaciones, en ausencia de reglamento sobre sus procedimientos, sugieren que se encuentra presa de la tentación de desbordar sus competencias más allá de los límites que el acuerdo de paz le impuso. Traspasar esos límites desvirtuaría la consecución de verdad y justicia y anularía reparación y no repetición.  Si así fuere no tendrá larga vida.