Como siempre sucede tras los desastres en Colombia, en este caso la avalancha que segó la vida a más de 300 personas en la ciudad de Mocoa, surgen versiones que se pudo prevenir para que los efectos no fueran tan grandes, que hubo oídos sordos, falta de diligencia. Incluso se habla de supuestas fallas en el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y se proponen ajustes.

Su ubicación, las condiciones geográficas con mucha montaña y ríos, las variaciones del clima hacen de Colombia un país  vulnerable a los embates de la naturaleza, como se ha visto con hechos de grandes dimensiones, el caso de  la avalancha que borró a Armero en 1985, el terremoto del Eje Cafetero en 1992 y ahora la también avalancha que destruyó la mitad de Mocoa.

En 1988 fue creado por la Ley 46 el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres.

No obstante en su primer mandato el Presidente consideró que este sistema no estaba funcionando por su complejidad y heterogeneidad de entidades del Estado, tanto de rango nacional como territorial, así como de personas y entidades de derecho privado o naturaleza comunitaria, que sin hallarse encuadrados en un esquema jerárquico único, debían actuar de manera acompasada, armónica y oportuna para encarnar la función estatal primordial de protección.

Por ello el entonces ministro del Interior, Germán Vargas, presentó al Congreso un proyecto de ley por la cual se adoptaba la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establecía el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta iniciativa terminó por convertirse en la Ley 1523 de 2012.

En esa oportunidad el presidente Juan Manuel Santos destacó al sancionar esta ley que la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres significa que Colombia cuenta ahora con una política enfocada no solo en la atención sino también en la prevención de desastres naturales.

“Esta Ley de Gestión del Riesgo de Desastres nos va a permitir contar con todo un sistema articulado y organizado para trabajar, como su nombre lo indica, en la reducción del riesgo en el país. Por primera vez en la historia de Colombia, contaremos con una política pública enfocada en el conocimiento y en la prevención de los posibles desastres que vengan de aquí en adelante”, dijo en esa ocasión el Mandatario.

A partir de ahí se creó una estructura que reunió todas las entidades que de una u otra manera tienen que ver con la prevención y atención de emergencias o desastres, conformando un único sistema.

Fue creada también la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres asignándole la coordinación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

De igual manera con esta Ley fue creado el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, encargado de orientar y aprobar las políticas pertinentes frente a las emergencias y de aprobar el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y la Estrategia Nacional de Respuesta a los Desastres. Adicionalmente fueron creados tres comités nacionales, encargados de garantizar la articulación en lo que es conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo de desastres.

También esta Ley crea los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales, dirigidos por los gobernadores y alcaldes, que replicaron ese mismo modelo nacional en los entes territoriales, remplazando a los Comités Locales de Atención de Emergencias (Clopad) y contarán con las Corporaciones Autónomas Regionales como miembros permanentes.

Esta norma contempla que las autoridades locales tendrán que incorporar en sus Planes de Ordenamiento Territorial las zonas de riesgo y amenaza, para evitar que se siga construyendo en áreas que no son aptas para vivir, y donde el peligro es inminente.

Además, en los Planes de Desarrollo tendrá que incluirse un capítulo especial sobre la gestión del riesgo, para determinar cuáles son las amenazas que tiene cada territorio y establecer, de antemano, los mecanismos en caso de una emergencia.

Ajustes

El exgobernador del Putumayo, Jimmy Díaz, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “la última ley en torno a los sistemas de gestión de riesgo y el último decreto no aciertan de la manera más eficiente en la construcción de políticas y acciones para prevenir los riesgos naturales”.

Añadió que “lastimosamente veo que las corporaciones autónomas regionales, las CAR, no cumplen ni al 50% de lo que tiene que ver con el desarrollo humano en relación con la naturaleza. Mocoa es uno de los casos excepcionales: hace como 10 o 15 años se cambió, el Plan de Ordenamiento Territorial, donde se propuso la construcción de barrios en zonas que son lecho de río. Lastimosamente la autoridad ambiental de ese entonces no aplicó los criterios, no ejerció autoridad y le dio el visto bueno para que ese POT sea aprobado como acuerdo municipal en la capital del departamento”.

El exgobernador consideró que falta hacer algunos ajustes en el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, “falta que los organismos de control, en este caso Fiscalía, Procuraduría y Contraloría hagan estricto seguimiento a  lo que la norma dice en cuento a la elaboración de los planes de atención de riesgo municipal y departamental”.

Por su parte el director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo a este Diario que “el Sistema ha demostrado mucha eficiencia en muchos momentos en que el país ha tenido amenazas naturales. Un sistema que promueve la creación de los comités de prevención y atención de desastres en los municipios; es modelo latinoamericano de funcionamiento, en las tragedias se ha hecho presencia inmediata, oportuna, diría que eficaz”.

No obstante consideró que “de todas maneras hace falta, no la Unidad de Gestión de Riesgo, a veces el Sistema, pues puede avanzar a niveles más modernos de prevención de desastres. No sé si sea muy costoso o no, pero ya hay tecnologías que permiten hacer monitoreo en el tema, por ejemplo, de lo que pasó en Mocoa, a las fuentes hídricas que pueden generar desastres. Y si ya hay en el país un inventario de qué municipios tienen ese tipo de riesgo, creo que es mejor invertir en esa clase de monitoreos y alertas que tener que atender las tragedias”.

Toro dijo que es imposible evitar que el cauce de un río se desborde por el exceso de precipitaciones, pero el Sistema sí podría adoptar ayudas que generen alertas oportunas para evacuar y salvar vidas humanas.

Dijo que además es necesario a pesar de los costos, la reubicación de barrios que están en zonas de peligro y sobre todo “impedir que la gente llegue a invadir zonas que son susceptibles de avalanchas o inundaciones”.

Finalmente, el coordinador de los consejos departamentales de gestión del riesgo de desastres en el Meta, Reinaldo Romero Silva, le dijo a este Diario que “el Plan Nacional de Gestión de Riesgo está bien contemplado”. Sin embargo dice que hay un problema “porque entrega responsabilidades a cada departamento y a cada municipio. Ahí es donde hay mucha inconformidad a nivel regional porque no se especifica cómo van a ser esos recursos a nivel nacional con relación a los departamentos. Cada departamento y cada municipio debe velar por conseguir los recursos para los planes de gestión de riesgo, pero no se recibe ayuda por parte del Estado”.