Esta semana se dieron a conocer los resultados financieros de las empresas en que el Estado tiene participación y se vio cómo en 2016 éstas lograron rendimientos de $4,4 billones luego de haber registrado pérdidas en 2015 de $2,7 billones.

Por lo anterior resulta curioso que dentro de la adición presupuestal planteada al Congreso por el Gobierno y que busca aumentar el presupuesto de gastos de la nación en $7,1 billones para asegurar el financiamiento de muchos programas sociales y de hacer un aporte de capital a Colombia Telecomunicaciones, Telefónica, del orden de $1,2 billones para financiar el pasivo pensional de la extinta Telecom.

Esta última situación ha causado incomodidad entre analistas y congresistas que no ven con buenos ojos que el Estado entre a financiar el pasivo pensional de una empresa en la que su participación es minoritaria, apenas del 32%.

No es buena idea

Para la analista y dirigente política Martha Lucía Ramírez de Rincón, dicha adición es un hecho preocupante en la situación actual del país cuando se registra una evidente pérdida de legitimidad, desfavorabilidad sin precedentes en todas las instituciones, altísimos niveles de corrupción, deterioro de la economía y una reforma tributaria que golpea severamente el bolsillo de los colombianos, estando ad portas de las elecciones del Congreso y Presidencia.

La presentación de este proyecto, refleja de manera grave la ausencia del principio de planeación que deben seguir las entidades estatales. En efecto, casi $5 billones de los recursos de la adición, estarían destinados a cubrir faltantes en programas regulares del Gobierno, para los cuales no se habían asignado recursos en el presupuesto expedido recientemente.

En carta enviada al procurador general, Fernando Carrillo, la dirigente señaló que, se deben activar rigurosos controles preventivos y seguimiento en tiempo real al manejo de estos recursos para impedir que se utilicen en una finalidad diferente como el anticipo a las campañas políticas afines al Gobierno, atender compromisos entre el Gobierno y el legislativo o, como lo han indicado algunos medios de prensa, para la capitalización de la empresa de comunicaciones Coltel-Movistar.

Según Ramírez, “resulta inexplicable que en 6 años, el Estado colombiano socio minoritario en el 32% de la empresa en comento, estaría capitalizando en $5,2 billones a una empresa de propiedad mayoritaria de Telefónica. Cabría preguntar si el Gobierno ha tenido la diligencia debida en vigilar la gestión empresarial del accionista mayoritario para evitar precios de transferencia y asegurarse que la empresa cuente con una gestión rentable que atienda adecuadamente y sin riesgos para sus retirados los pasivos pensionales. Sería importante entre otras, que ese Despacho conozca las condiciones en las que se efectuó la venta de la mayoría accionaria a Telefónica y verifique si los funcionarios responsables en las diferentes entidades han cumplido o no, con la participación y vigilancia adecuada a la gestión por parte de su socio mayoritario”.

Control político

Sobre este tema varios congresistas, de distintas vertientes políticas han pedido la presencia de los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría y de Comunicaciones y Tecnología de la Información, David Luna y del contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón  para que ante la corporación expliquen cómo es que van los negocios con el socio en Colombia Telecomunicaciones, Telefónica de España y el porqué de los recursos destinados a fortalecer las pensiones.

Los senadores Luis Fernando Duque, del partido Liberal y Miguel Amín Escaf, del partido de La U, cuestionarán al ministro Cárdenas entre otros temas el impacto fiscal frente al reconocimiento y pago de los derechos pensionales de Telecom y sus asociadas, la conveniencia financiera de una capitalización y si hay posibilidades de que se realicen nuevas adiciones.

A su turno, en la Comisión Sexta del Senado, los parlamentarios Susana Correa, Mario Hernández, Mauricio Aguilar y Rosemary Martínez, cuestionarán al jefe de las finanzas nacionales y a otros funcionarios sobre si en las empresas en que el Estado no tiene el control mayoritario para direccionar dichas empresas hacia objetivos diferentes a la rentabilidad financiera.

Igualmente pedirán explicaciones sobre una capitalización a Colombia Telecomunicaciones por $3,64 billones realizada en 2012 y el retorno que estos recursos le han producido al Estado.

También indagarán sobre la responsabilidad del socio mayoritario en relación con el pago del pasivo pensional de la desaparecida Telecom y cómo se ha modificado esa responsabilidad frente a los términos iniciales de 2006.

Otro de los puntos que llaman la atención de los parlamentarios es si los aportes realizados por el Estado a Colombia Telecomunicaciones por más de $5 billones, ¿se justifica con esos recursos aportados, ser el socio minoritario de una empresa?

Para los senadores surge otra duda, ¿en caso de no ser capitalizada Colombia Telecomunicaciones con recursos del Presupuesto General de la Nación ni una adición al mismo, se considera que el Gobierno deba asumir cualquier tipo de deuda u obligación económica con la empresa?

El ministro Luna por su parte debe contestar si una nueva capitalización de Telefónica en menos de cinco años con aportes por $1,2 billones no supone un nivel de compromiso del Estado con una compañía que le resta objetividad y transparencia a las decisiones regulatorias en tanto que genera inquietudes para favorecer a la empresa en decisiones donde el Estado tiene un interés financiero y ha realizado cuantiosos aportes a capital.

A su turno el senador Jorge Hernando Pedraza, sobre el tema sostuvo que “no se puede aceptar que el gobierno español venga a defender empresas de origen de ese país que han incumplido con Colombia y han generado caos, como es el caso de Electricaribe. Se hizo una reforma tributaria para entregar un tercio a Telefónica. Eso es botar a la basura el dinero de los colombianos. No puede hacerse. Hay que generar un debate para evitar que esta decisión se tome y que sería inadecuada”.

Reiteró “que los colombianos fuimos sometidos a una reforma tributaria de $6,6 billones. Un tercio de ese dinero se estaría yendo a la capitalización de Telefónica cuando ya no es una unidad estratégica de negocio en la que Estado por ley deba invertir”.

Dijo que hay una incompatibilidad, pues no se puede ser operador y regulador a la vez.