La OEA decidió declarar, con el voto de 20 países, que en Venezuela había una “grave alteración inconstitucional”, como consecuencia de la crisis que produjo la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de acabar con la inmunidad de los miembros de la Asamblea Nacional, que es inherente al funcionamiento de los parlamentos del mundo, y de atribuirse facultades legislativas. Ello produjo una brutal reacción del representante de Venezuela, quien dijo que un grupo de gobiernos actuaban con la complicidad del Secretario General de tal organización para imponer una “agenda ilícita” que buscaba destruir la OEA.
Al conocer una reacción tan descompuesta como ésta en el escenario internacional, cualquier espontáneo se pregunta por la manera como maneja ese gobierno las relaciones con la oposición, con los niveles de irrespeto e intolerancia a que han llegado. Como es conocido, a la oposición en la hermana república prácticamente no la reconocen, a sus líderes los ven como delincuentes, les montan procesos para encarcelarlos, expatriarlos y destruirlos con el argumento absurdo de que son agentes de la derecha internacional que buscan desestabilizar a Venezuela.
El debate en Venezuela, como en otros países, hoy no es entre las viejas tendencias de izquierda y derecha, sobre cuyos alcances no hay definiciones unívocas. No se es de derecha por no estar de acuerdo con el régimen que domina al vecino país. Valdría la pena preguntarse si antiguos dirigentes de izquierda de ese país, como Teodoro Petkoff o Walter Márquez, que se agrupaban en el MAS, que hoy hacen parte de la oposición, se volvieron de derecha por no compartir la orientación del gobierno.
Como Maduro y Diosdado no profesan los valores del sistema democrático si no que se sirven de ellos de acuerdo a sus conveniencias, buscaron anular desde su instalación el funcionamiento de la Asamblea Legislativa con el apoyo incondicional del TSJ, que parece más la oficina jurídica de Miraflores, como lo demuestra el hecho de que ninguna de las decisiones del órgano legislativo ha sido validada por esta corporación judicial.
La resolución expedida por la OEA, aunque reconoce haberse revocado las decisiones tomadas por el Tribunal, insta al gobierno venezolano a “asegurar la plena restauración del orden democrático.”
Para las autoridades de Venezuela evaluar su crítica situación interna en el seno de la OEA constituye un acto de agresión y, peor aún, que se considere la posibilidad de aplicar la Carta Democrática, que es la única salida que le queda a esa instancia hemisférica en el marco de esta crisis. Por ello amenazan con “represalias” y la revocatoria del mandato de Luis Almagro, como si tuvieran esa posibilidad.
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Muy dolorosa la tragedia de Mocoa, pero regocija la solidaridad nacional. La emergencia también requiere del apoyo de los grandes grupos económicos con las víctimas y sobrevivientes que tanto necesitan en este momento dramático. Las autoridades competentes deben adoptar medidas preventivas y acciones coordinadas para evitar que un hecho tan lamentable como este se repita.