Mantener la prohibición de la aspersión con glifosato a los cultivos ilícitos y reparar a la comunidad indígena Carijona, del resguardo de Puerto Nare, en Guaviare, pidió al Gobierno la Corte Constitucional al fallar una tutela presentada por ese grupo étnico, donde argumentaba los efectos nocivos que ha tenido tal práctica.
“Al tener la potencialidad de generar menoscabo a la salud y al medio ambiente,(las fumigaciones con glifosato) como se ha visto en el caso de la comunidad Caríjona, está sujeta a la aplicación del principio de precaución”, señala un aparte del fallo de la Corte Constitucional, insistiendo que ante las dudas razonables de los efectos de dicha erradicación es mejor adoptar medidas que “anticipen y eviten cualquier daño”.
Y agrega que “en caso de que el daño esté causado, deberán adoptarse las medidas de compensación correspondientes”.
La aspersión aérea con este herbicida, que ha sido blanco de debates y tutelas por sus posibles efectos dañinos sobre la salud, presuntamente cancerígenos, y el medio ambiente, está suspendida en el país desde hace dos años y a ello se atribuye, según diversos informes, el aumento de los narcocultivos, ya que se pasó de 159 mil hectáreas sembradas a 188 mil hectáreas en tan solo el último año, según reportó Naciones Unidas.
Insiste la Corte, con base en el argumentado principio de precaución, que “se debe "prohibir que, en adelante –a pesar de la actual suspensión voluntaria de aspersiones aéreas con glifosato– se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea".
En otro acápite insta el alto tribunal a que se regule la erradicación de los cultivos ilícitos y también señala que en la erradicación manual, que actualmente se realiza, debe buscarse o bien una sustancia química no tóxica o que ésta se realice bajo los más estrictos controles de seguridad, evitando así posibles efectos negativos en los habitantes de la zona donde se cumplen las labores de exterminio de los narcocultivos.