No es presentable que un Presidente cuya campaña está sub judice esté promoviendo reformas políticas y cambie su juez natural. Así lo señaló el magistrado Héctor Helí Rojas, quien sostuvo que la pérdida de investidura ha venido funcionando bien y no se ve necesario cambiarla. Señala que no está bien  que 7 magistrados ajenos a las políticas tomen determinaciones de este tipo.

Rojas dijo que la comunidad internacional no debe estar viendo con buenos ojos la situación del país.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su preocupación frente a la propuesta gubernamental?

HÉCTOR HELÍ ROJAS: Me parece muy grave sobre todo para la comunidad internacional que un Presidente cuya campaña esta sub judice esté promoviendo la reforma de la organización que está adelantando esas investigaciones, porque va a cambiar su juez natural.  

ENS: ¿Qué analiza de esta propuesta?

HHR: Me parece muy grave que la pérdida de investidura de los congresistas, que hoy está en manos del Consejo de Estado, y que por ser un asunto tan importante de afectación de la representación popular, y que afecta a los partidos y los derechos de los electores y que generalmente va a la Sala Plena del Consejo de Estado, ahora vaya a quedar en manos de 7 personas totalmente extrañas a la política, siendo un juicio político. Esa es única instancia, no hay doble instancia.

ENS: ¿Por qué cambiar algo que está funcionando bien?

HHR: En la línea que yo llevo sería muy grave que la pérdida de investidura esté en manos de 7 magistrados, pero esa Corte Electoral tendría otra función que es decidir las sanciones disciplinarias cuando implique separación del cargo y por solicitud del Consejo Electoral declara la pérdida y suspensión de la personería jurídica, y la privación de presentar candidatos en una circunscripción. Sería judicializar totalmente la vida de los partidos, y en la política no puede ser solo judicial.  

Puerta giratoria

ENS: ¿Se ha avanzado en prohibir la puerta giratoria?

HHR: Sí, termina siendo muy exótico que se insinúe la propuesta de que los actuales magistrados del Consejo de Estado podrían ir a esa nueva Corte, y lo que pasaría del Consejo de Estado la nueva Corte nombre a sus colegas.     

ENS: ¿Qué opinión tiene de crear una nueva Corte?

HHR: Crear una nueva Corte al nivel de la Corte Suprema de Justicia, al nivel del Consejo de Estado, al nivel de la Corte Constitucional, es alterar la estructura del poder público y en particular de la Rama Judicial, que ya va a quedar bastante afectada cuando haya otra institución con poderes parecidos a la de una alta Corte, que es la de la Comisión de Disciplina Judicial.

ENS: ¿Qué recomienda usted?

HHR: El Presidente debe ser claro, si eso fue lo que se acordó, que el pueblo lo sepa y el Congreso sepa que vamos a cambiar la estructura del Estado y vamos a crear nuevas Cortes. Si lo que se acordó fue que las Farc puedan hacer política, eso se puede hacer sin modificar la estructura del Estado. Ya creo que se están dando muchas facilidades, ya el Consejo Nacional Electoral les está permitiendo actuar sin ser partido como agrupación política, y tenemos representantes en el Senado y en la Cámara sin ser elegidos, ahí falta una claridad del Gobierno, ¿qué fue lo que negoció?

Sistema electoral

ENS: ¿Y cómo analiza el sistema electoral actual?

HHR: A mí me parece que el sistema electoral colombiano sí requiere de unas reformas y esas reformas en concreto tienen que comenzar con la financiación de las campañas electorales. Pero eso está más o menos reglamentado en leyes estatutarias, porque es que nada como lo electoral demanda un consenso y acuerdo de quienes hacen la política, es decir los partidos, los movimientos y los grupos ciudadanos, o las asociaciones políticas, porque es que una reforma electoral a la que se excluyen todos los políticos y todos los actores de política, ya es bastante cuestionable, desde el punto de vista democrático.   

ENS: ¿Qué reformas se podrían hacer?

HHR: Yo nunca apruebo que les den plata a los partidos, porque en este país no se ha implementado una auditoría externa, entonces los partidos rinden las cuentas que quieren, las rinden cuando quieren y como quieren, y el auditor es un empleado de cada partido. Pero la ley dice que debe haber una auditoría externa, pero desafortunadamente nadie se le ha medido a hacer esa auditoría por falta de recursos. Entonces el Consejo Electoral tiene que aprobar las cuentas prácticamente como la llevan los partidos, allí habría una primera reforma de fondo con auditorías externas. Y el otro punto es que los partidos ojalá en tiempo real envíen sus cuentas, que no es justo que el Partido a los dos meses esté diciendo que se les olvidó una nueva factura, está muy mal.

ENS: ¿Con qué otros puntos está de acuerdo?

HHR: Estoy de acuerdo con una reforma en donde la anulación de la suscripción se produzca de manera definitiva antes de la elección, que no tengan que esperar los candidatos y los partidos que el Consejo Electoral decida, para que después de lo que decida el CNE sea demandado ante el Consejo de Estado, y generalmente estas decisiones salen después de que ya las personas son elegidas.

ENS: ¿Lo que se quiere con la reforma propuesta es acortar los términos y actuar en término real?

HHR: Todo no puede ser en blanco y negro. Lo electoral es tan difícil que hay unas cosas puramente administrativas, técnicas y funcionales y hay otras cosas jurisdiccionales, es decir abrir un proceso en una alta corte, porque faltó una factura o porque faltó la firma del auditor, eso se puede resolver administrativamente. Pero decidir si una persona está inhabilitada requiere un juicio en derecho que eso sí debería ir al Consejo de Estado, como va actualmente.

ENS: ¿Las actuaciones del Consejo Electoral tienen efectos suspensivos?

HHR: Claro, pero como somos entidad administrativa, todo lo que hagamos puede ser demandado ante el Consejo de Estado, no todo debería tener la posibilidad de ser demandado ante el Consejo de Estado.

ENS: ¿Qué modelo de Corte se podría adoptar?

HHR: En esto no hay modelos universales.

ENS: ¿Qué balance hace del trabajo del CNE?

HHR: Ha hecho las 1.100 revocatorias de candidatos inhabilitados inscritos por los partidos.