Luego de un trabajo de 9 meses, en el cual fue necesario el estudio de más de 8 temas de información, un grupo de fiscales, investigadores y expertos financieros de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, concluyó la primera fase de la investigación sobre las irregularidades que fueron denunciadas meses atrás por la Contraloría General de la República sobre la modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar.
Como resultado de la misma se establecieron serias irregularidades ocurridas en los 12 años de desarrollo del plan de modernización de la Refinería de Cartagena que tienen connotación penal y que van más allá de simples problemas de planeación operativa o financiera.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, aseguró que el monto del peculado detectado en la Refinería de Cartagena de $610 mil millones, equivale a 18 casos como el de Odebrecht y con esos recursos, se habían podido construir 12 mil casas de interés social.
Los hechos
El fiscal Martínez, al hacer una recopilación de los hechos señaló que desde 1996 se planteó la necesidad de modernizar la Refinería de Cartagena, para lo cual el Plan Nacional de Desarrollo de 2003 definió este proyecto como de “importancia estratégica” para el país.
El tema se planteó en dos documentos Conpes, donde se establecieron políticas públicas dirigidas a conseguir un socio estratégico que financiara el proyecto.
El Conpes dispuso que el Plan se adelantara con la mayor participación privada posible de recursos, con el objetivo de asegurar que los riesgos asociados al proyecto recayeran fundamentalmente en el inversionista privado y, a su turno, se mitigara el riesgo del Estado en la ejecución de la obra.
Complementariamente, el Conpes estableció que la ingeniería y la construcción del proyecto se adelantaran bajo la modalidad contractual “llave en mano”, a fin de eliminar el riesgo de posibles sobrecostos en la construcción.
Como desarrollo de esa política y tras una invitación pública internacional, en 2006 se eligió a la compañía Glencore International AG, como el inversionista mayoritario del proyecto.
Así, Glencore International AG 51% y Ecopetrol 49%, constituyeron la sociedad “Refinería de Cartagena S.A. Reficar”, encargada de ejecutar el proyecto de modernización.
En 2007, bajo la administración de Glencore, Reficar eligió a Chicago Bridge & Iron Company, CB&I, para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la Refinería a través de un contrato de EPC, Enginering, Procurement and Construction.
En 2009, sin haber financiado el proyecto y alegando un evento imprevisto, imprevisible e irresistible, Glencore se retiró de la sociedad Reficar, y Ecopetrol adquirió el 100% de la participación accionaria de la Refinería, asumiendo la totalidad del capital de Reficar, ejecutora del proyecto.
Tras la salida de Glencore, en 2009, Reficar contrató a Foster Wheeler & Process Consultant Inc. para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto.
En 2010, para continuar con la ejecución del proyecto, Reficar suscribió dos nuevos contratos EPC con CB&I en la modalidad contractual “costos reembolsables”, desconociendo la modalidad contractual inicialmente requerida por el Conpes, lo que implicó que los riesgos de sobrecostos fueran asumidos totalmente por el Estado.
Durante la ejecución del proyecto, luego de atrasos e incumplimientos por parte del contratista, en 2014, Reficar y CB&I suscribieron cuatro acuerdos denominados “Memorandum of Agreement”, MOA y “Project Invoicing Procedure” que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos en favor del contratista CB&I.
En virtud de estos acuerdos, Reficar incurrió en el pago de facturas que habían sido previamente rechazadas por el supervisor del contrato – Foster Wheeler & Process Consultant Inc., o que no fueron validadas por este. Según ha podido evidenciar la Fiscalía General de la Nación, los pagos son cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto. Estos se presentaron, entre otras, en las siguientes modalidades:
Pago de facturación por bienes o servicios no prestados al proyecto; Pago por subcontrataciones no autorizados por Reficar; Pago por gastos suntuosos y extravagantes, no relacionados con el proyecto; Pago duplicado de costos; Pago por equipos que no prestaron servicio al proyecto.
Peculado tasado en más de seiscientos diez mil millones de pesos.
Vinculados
Por estos hechos, el ente acusador decidió vincular, mediante formulación de imputación a los primeros presuntos responsables por delitos contra la administración pública, la fe pública y el orden económico y social en la ejecución del megaproyecto.
Los llamados a imputación son dos presidentes, un vicepresidente jurídico y un líder del grupo legal de Reficar; un vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol; dos altos ejecutivos de la compañía CB&I, y el revisor fiscal de Reficar:
Fueron vinculados Orlando José Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre 2009 y 2012; Reyes Reinoso Yáñez presidente de Reficar entre 2012 y2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico Reficar entre 2009 y 2017; Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol en 2008; Nicolás Isaksson Palacios, líder Grupo Legal Reficar entre 2013 y2017; Philip Kent Asherman, representante legal CB&I en 2010; Massoud Deidehban, director Proyectos y representante legal de CB&I en 2009 y Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal de Reficar entre 2013 y 2015.
El fiscal Martínez señaló que las conductas tipificadas incluyen: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.
Continúa la investigación
Igualmente, para concluir las siguientes fases de la investigación, relacionadas entre otras con la selección del socio estratégico, la salida de Glencore y la selección del contratista, se dispuso llamar a interrogatorio a dos presidentes y un alto ejecutivo de Ecopetrol; un presidente y un alto ejecutivo de Reficar, dos altos ejecutivos de Glencore y un alto directivo de la firma supervisora Foster Wheeler & Process Consultant Inc.
Estarán rindiendo declaración ante las autoridades Isaac Yanovich Farbaiarz, presidente de Ecopetrol entre 2002 y2006; Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, presidente Ecopetrol entre 2007 y 2015; Jaime Leonardo Flórez Muñoz, gerente de Vicepresidencia de Refinación Ecopetrol entre 2007 y 2008; Jorge Enrique Carvajales Orozco, presidente de Reficar entre 2006 y 2008; Andrés Virgilio Riera Burelli, vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha de Reficar entre 2015 y2016; Richard Cohen, representante legal de Glencore en los años 2008 y2009; Sergio De la Vega Jiménez, ejecutivo Glencore y suplente del presidente de Reficar en 2007 y Christian Augusto Mantilla Daza, director del Proyecto Foster Wheeler & Process Consultant Inc. en 2015.
Como complemento de la investigación, la Fiscalía General de la Nación llamará a declaración jurada a los miembros de juntas directivas de Ecopetrol y Reficar durante el periodo de ejecución del proyecto.
La Fiscalía también citó a declarar bajo juramento a los miembros de la Junta directiva de Ecopetrol y Reficar, durante el periodo de ejecución del proyecto como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el excandidato presidencial y exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; el exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres; Fabio Echeverry Correa, María Helena Velásquez, Joaquín Moreno Uribe, Carolina Rentería, María Paula Jaramillo, Bernardo Rodríguez, Juan Nicolás Rubio, Diana Constanza Calixto, Orlando Díaz y José Alfonso Marrugo Roa.