Uno de los peores errores que puede cometer un gobernante es ignorar el clima de la opinión pública. No solo porque este factor es el principal termómetro para medir la efectividad de la gestión o qué tanto está conectado el Ejecutivo con la ciudadanía, sino porque la lectura objetiva y realista de las señales que envían los gobernados permite, incluso, neutralizar o mitigar a tiempo reacciones o movimientos críticos populares.
Esa premisa es la que debe tener en claro el gobierno Santos frente a lo que fueron las masivas marchas del pasado sábado en 22 ciudades colombianas y cuatro internacionales. Las movilizaciones en Bogotá, Medellín, Cali y otras grandes capitales departamentales superaron las expectativas de los organizadores y el ambiente sustancialmente hostil contra el Ejecutivo y sus principales programas sorprendió a propios y extraños. Incluso en un ambiente político tan polarizado como el colombiano no es común ver a miles de personas lanzadas a las calles exigiendo la renuncia del Jefe de Estado. No es ese un hecho menor o desestimable.
Es cierto que fue el uribismo el que hizo la convocatoria de las marchas y que el liderazgo del expresidente y jefe del Centro Democrático fue determinante para el nivel de asistencia a las mismas. Pero así como en su momento advertimos que votaciones como la que le dio el triunfo al No en el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz no se podían matricular única y exclusivamente en ese partido de oposición, ahora ocurre algo similar. Sería un error que la Casa de Nariño considere que las movilizaciones del sábado pasado fueron protagonizadas sólo por las toldas del exmandatario, cuando fue evidente que muchas personas que no militan en esa corriente política, o que incluso la consideran copartícipe de la crisis nacional, salieron a las calles a protestar contra las políticas del Ejecutivo, múltiples problemáticas y la persona del Jefe de Estado. En ese orden de ideas, reducir lo ocurrido a la simpleza de otro capítulo del pulso entre uribistas y santistas no solo resulta equivocado, sino peligroso, pues pone sobre el tapete que el Ejecutivo no está leyendo en forma objetiva y autocrítica el clima de la opinión pública.
Un segundo elemento que debe analizarse es el relativo a la reacción gubernamental. En las mismas filas oficialistas crecen las voces que consideran que al santismo le falta capacidad de movilización de sus huestes y que le está dejando el escenario de la calle a sus contradictores, lo que constituye un yerro de alto calado. Creer que a marchas masivas como las del sábado pasado se responde con alocuciones presidenciales desde la trinchera palaciega, réplicas efectistas de los partidos de la coalición o incluso acudiendo a la vía del mutismo político, no es conducente ni inteligente. Si a un gobierno le plantean un pulso popular en las calles, es allí en donde debe responder con igual o más capacidad de convocatoria para que sus partidarios defiendan su gestión.
En tercer lugar es evidente que pese a los esfuerzos comunicativos del Gobierno para resaltar los avances y logros de su gestión, la mayoría de la ciudadanía no entiende el mensaje o este simple y llanamente no es creíble, pesando más las reservas frente al acuerdo de paz, la indignación creciente por los escándalos de corrupción, el deterioro de la economía, el aumento del desempleo y, consecuencia de ello, un pesimismo cada vez más marcado en las masas. En muchos pronunciamientos presidenciales y de sus más altos funcionarios se nota la frustración y hasta el desespero porque las mayorías no valoran positivamente sus ejecutorias. La principal prueba de ese fracaso en la conexión con los gobernados son las encuestas que señalan que la calificación positiva del Jefe de Estado apenas llega al 20 o 25 por ciento, y la descalificación supera el 70 por ciento.
Todo lo anterior nos lleva a un cuarto y último punto, a cual más preocupante: faltando 17 meses para el relevo en la Casa de Nariño y teniendo aún una amplia agenda de tareas pendientes, el margen de maniobra política del Gobierno se estrecha preocupantemente semana tras semana. No en lo relativo al manejo de las coaliciones partidistas o los ritmos del Congreso, que están debidamente aceitados, sino en cuanto a cómo evalúa el grueso de los colombianos la gestión y el clima de la opinión pública. Es obvio que el Ejecutivo conecta cada vez menos con la ciudadanía y la campaña electoral agravará ese cortocircuito. La única forma de reversar este peligroso escenario es recuperar la preponderancia en la calle, pero allí, al tenor de lo ocurrido el sábado pasado, está perdiendo la batalla.