El Juzgado 20 penal de Bogotá, con función de conocimiento, dejó en firme la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario en contra de Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC).

La defensa del representante del gremio camionero afirmó que han cambiado las circunstancias mediante las cuales le fue impuesta en primera instancia la medida preventiva, tales como, documentos y certificaciones en las que se establecen trámites ajustados a la ley.

Al presidente de la ACC se le acusa del uso de documentos falsos para burlar las normas incluidas en la resolución 7036 de 2011 del Ministerio de Transporte y trasladar carpetas de los vehículos de carga pesada para el trámite de chatarrización, alterando la información de los carros y de los propietarios.

Por lo pronto, deberá responder en juicio como posible autor de los delitos de concierto para delinquir, uso de documento falso, supresión u ocultamiento de documento público y fraude procesal, en hechos relacionados con el denominado cartel de la chatarrización en Colombia.

En la misma  decisión les fue revocada la medida privativa de la libertad a los tramitadores, Parménides Reinelio Gueltrán y Juvenal Yantén Agredo, integrantes de la Asociación Colombiana de Camioneros.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en cooperación con el Ministerio de Transporte, el dirigente gremial, Aguilar es el representante de la organización mediante la cual se postularon y desintegraron vehículos, presuntamente, sin el lleno de los requisitos legales.

“Utilizaban documentos falsos para burlar las normas incluidas en las Resolución 7036 de 2011 del Ministerio de Transporte”,  sostuvo en audiencia pública la fiscal encargada del proceso penal, tras su captura.

Según se conoció, al menos 12 mil vehículos de carga han sido chatarrizados de manera fraudulenta en Colombia, operaciones que podrían representar ganancias aproximadas a los  seiscientos mil millones de pesos ($600.000.000.000), es decir, cincuenta millones de pesos ($50.000.000) por cada camión.