Esta semana, recién aprobada la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y sin que ciertamente se haya estructurado o entrado en vigencia, se demostró en efecto que está en obra gris y que debería darse un margen de espera lógico para que entre en operación.

De lo contrario, la polémica permanente, cada vez que a alguien se le ocurra presentarse, terminará por avasallarla y generar una gigantesca cantidad de desconfianza. Así, ciertamente, se presumió desde el arranque, cuando se comenzó a hablar de una especie de ley de punto final, que terminó en esta figura de una justicia alternativa para los que intervinieron en el conflicto, lo que sigue generando incertidumbre sobre sus alcances y la evidente colisión con la justicia ordinaria.

La JEP es un sistema por medio del cual, básicamente, se juzga a aquellos miembros de las Farc no susceptibles de amnistía. Es decir, los máximos responsables y quienes incurrieron en crímenes atroces que no pueden recibir perdón ni olvido, sino la condena correspondiente y la sanción más benevolente con base en la denominada justicia restaurativa. O sea, tal y como quedó el Acuerdo del Colón, una restricción de la libertad y algún tipo de trabajo comunitario paralelo por máximo ocho años.

Pero a ello se le añadió, en la Mesa de Negociación, elementos adicionales para aquellos que, aparte de los miembros de las Farc que no puedan ser amnistiados, cometieron graves crímenes que tuvieron que ver directa o indirectamente con la confrontación a la subversión, bien sean militares o policías, bien sean civiles, que participaron irregularmente de la contienda.

Interesa, en primer lugar, dejar desarrollar la JEP en el objetivo principal para lo cual fue creada. Que es ciertamente el juzgamiento de las Farc dentro de los términos acordados. Es lo que permite el cierre definitivo del conflicto con esta guerrilla y su ingreso irreversible a la sociedad. Pero sin siquiera estar todavía listos los máximos responsables de las Farc  para ello, algunos civiles y ciertos militares irrumpieron de una vez para señalar sus propósitos de acogerse a esa jurisdicción todavía en ciernes.  

Nunca, como hoy, parecería pues tan necesario el dictamen de la Corte Constitucional sobre lo aprobado en el Congreso. En juego está, justamente, cuál es la órbita de la jurisdicción especial y hasta dónde llegan sus alcances, porque ciertamente, aunque se fijó el marco de acción como la participación directa o indirecta en el conflicto, todavía parecerían necesarios más ajustes en esa tipificación que puede ser motivo de infinidad de interpretaciones. Todavía más necesario, sabido precisamente, que la mayoría de los votantes del plebiscito se pronunciaron, de algún modo, contra ese punto y que la espuria refrendación parlamentaria, una vez desconocido el dictamen de las urnas, no proporciona bases ciertas para nada.

Basta con mirar, por ejemplo, cómo en esta semana se dieron visiones ampliamente divergentes entre dos jueces de la República sobre los llamados ‘falsos positivos’. Mientras de un lado, un juez de garantías se declaró impedido para conocer de la suerte de algunos militares implicados, aduciendo que el caso debía ser parte de la JEP, una jueza de conocimiento, por el contrario, emitió un fallo condenatorio a varios militares, entre ellos un coronel, dentro de los cánones de la justicia ordinaria y bajo las largas penas respectivas. La funcionaria judicial, no solo recibió el respaldo de buena parte de la opinión pública, sino de al menos una treintena de organizaciones no gubernamentales del exterior, entre ellas Human Rights Watch.

Al mismo tiempo, exministros y altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condenados por la Corte Suprema de Justicia debido a los trámites anómalos de la reelección presidencial inmediata, dijeron que estaban prestos desde ya a someterse a la JEP, a fin de acceder al tratamiento más benevolente. No cometieron ellos, por supuesto, ningún crimen de guerra o de lesa humanidad, ni nada que pudiera contemplarse como delito atroz, que son el tipo de conductas de las que conoce esta jurisdicción especial. En todo caso, lo que estarían buscando es reducir los términos de las condenas, ya en parte importante cumplidas. La confusión no se hizo esperar. Los defensores de la JEP, especialmente los matriculados en sectores de izquierda, interpretaron que esos exfuncionarios estaban en todo su derecho. No obstante, una mayoría de exmagistrados y exfiscales, incluidos aquellos consultados en un informe de este Diario, resaltaron que no podía catalogarse de “participación indirecta en el conflicto” el hecho de aducir que habían intervenido, con sus conductas, en “la reelección de la Seguridad Democrática”.

La polémica fue aún mayor cuando el imprudente secretario de la JEP, que todavía ni siquiera tiene magistrados como tampoco operadores judiciales, saltó al ruedo político al decir que esos postulados eran bienvenidos y que uno de los exministros había reconocido de antemano su participación en el delito de cohecho. Ante la reprimenda del propio Gobierno, el dicho secretario se rectificó, puesto que en ninguna parte de las 40 páginas en las que el exfuncionario de la administración Uribe pide su ingreso a la JEP acepta haber cometido delito alguno. Semejantes imprudencias, aparte de las contradicciones, lo único que hacen es desgastar una jurisdicción que ni siquiera ha nacido y que, como están las cosas, amenaza con venirse a pique si se sigue con esas conductas estrafalarias.

De otra parte, el país conoció esta semana un memorando del jefe de las Farc a sus militantes congregados en las zonas de localización, pidiéndoles, entre otras muchas cosas, que dediquen parte de sus esfuerzos a soportar los casos que llevarán a la JEP para investigación, frente por frente.

Entretanto, los órganos de control, y en particular la Fiscalía General de la Nación, dijeron esta semana que no solo era el tema de la JEP, sino que en Colombia se venía dando una feria de rebajas hasta el punto de que, como estaban las cosas, los investigados por el gigantesco escándalo de Odebrecht podrían salir del confinamiento en un abrir y cerrar de ojos, como ocurrió con el caso de Interbolsa ante la estupefacción nacional.

De acuerdo con el Gobierno,  la JEP solamente estaría integrada hacia finales de este año, sabiéndose por anticipado que son al menos 70 magistrados y jueces los que se deben escoger. Frente a ello lo que más interesa, aquí y ahora, es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, luego de que tanto la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el mismo Fiscal General de la Nación han advertido sobre los vacíos y las erosiones  que pueden causarse si no hay parámetros verdaderamente claros y el acotamiento para lo que fue dispuesta dicha jurisdicción. El resto es someter el país, ya de por sí en una crisis institucional, a las arenas movedizas, de las cuales siempre se sabe cómo se entra pero nunca cómo se sale.