La  denuncia del Gobernador del Estado venezolano del Amazonas sobre la presencia en ese territorio de 4.000 efectivos de las Farc y el descubrimiento de una caleta de material bélico en el Putumayo, convierten los procesos de desmovilización y desarme de las unidades guerrilleras en un ejercicio engañoso y artero que deslegitima la implementación de los acuerdos suscritos con la organización subversiva. Constituye confirmación oficial de la presencia de numerosos efectivos guerrilleros en territorio venezolano y corrobora las denuncias que se han conocido sobre la pantomima que caracteriza  la concentración en las zonas veredales transitorias de los efectivos farianos y la entrega de sus armas y municiones. En ellas se concentran menos de 7.000 efectivos entre los cuales no se cuentan los milicianos ni obviamente los huéspedes del gobierno chavista, y tan sólo se registra la recepción de 6.500 armas que no representan ni la quinta parte del arsenal total de las Farc, de acuerdo con los servicios de inteligencia de la Fuerza Pública y con la confesión de Timochenko sobre las numerosas caletas escondidas en todo el territorio nacional.  

El Presidente ha guardado silencio ante las afirmaciones del gobernador venezolano y las declaraciones de Timochenko. Tampoco se conoce nota diplomática dirigida al gobierno de Maduro. Por su parte, la Misión de Verificación de la ONU no puede ni debe callar sobre estas realidades porque aumentaría  las dudas sobre la legitimidad de su misión y sobre su capacidad y voluntad de cumplir con su tarea. El presidente Santos y la ONU, con su actitud, ponen fin a la precaria credibilidad y sostenibilidad de los procesos de desmovilización y desarme de las Farc, y con ello imparten los santos óleos a los acuerdos de paz. Todo lo que se haga en la implementación de lo convenido carecerá de legitimidad y adquirirá el carácter de un golpe de estado continuado a la democracia y a las instituciones colombianas. 

Nadie en el país cree en la capacidad del Presidente para modificar el rumbo que ha tomado la implementación del acuerdo. Por el contrario, se consolida el cogobierno manejado desde la Comisión de Seguimiento que determina la configuración del nuevo ordenamiento jurídico. Tendremos un nuevo partido político armado y narcotraficante, con recursos inagotables con los que no repararon a sus víctimas, y nuevos congresistas en curules regaladas Las zonas transitorias mutarán a nuevos asentamientos que asegurarán control territorial y social, y la JEP y la Comisión de la Verdad se encargarán de que no haya justicia ni se conozca la verdad. Todos estos serán los nuevos escenarios de la deconstrucción de la democracia colombiana.