No podrá el Congreso, en modo alguno, aprobar una adición presupuestal que no sea consistente con los objetivos de la reforma tributaria y el faltante de recursos por cuenta de la crisis en los precios del petróleo. En tal sentido, los 7,7 billones de pesos deben ser exclusivamente dedicados a los sectores sociales, entre ellos fundamentalmente educación, agro, energía y salud, como se plantea en el proyecto de ley.

Igualmente algunos excedentes presupuestales no previstos pueden dedicarse a la financiación del llamado programa Colombia Repunta, a fin de soportar el débil estado de la economía nacional y buscar algún tipo de estímulo a la iniciativa privada. Del mismo modo deben garantizarse los dineros para el denominado posconflicto. Tema fundamental, al respecto, es el de la inversión para enfrentar el apogeo de los cultivos ilícitos y la mácula que significa haber llegado ya a las 200 mil hectáreas.

Todo lo anterior parecería en orden a sufragar una parte del hueco fiscal con una reforma tributaria que le terminó de quitar impulso a la economía y que tiene enardecida a la opinión pública por el inusitado incremento del IVA y el golpe directo al bolsillo de todos los colombianos. Tan es así como que los indicadores de consumo, en los meses recientes, se han venido deteriorando en materia grave. Y las nóminas ya empiezan a restringirse, impactando los índices de desempleo. Ello ha llevado, en parte, a que la favorabilidad gubernamental se encuentre por el piso y exista un grave pesimismo circundante.

Interesa, en tal sentido, que el Gobierno haga esfuerzos superlativos en la rebaja del gasto público y se mantenga en la vía de reciclar, recortar o vender, no solo los activos no rentables, sino aquellos en empresas en donde el Estado es minoritario. Fue precisamente eso lo ordenado por un Conpes de finales de 2015, así como una de las recomendaciones sustanciales de la OCDE.

En algún momento se dijo, a su vez, que la adición presupuestal se utilizaría, en alguna proporción, para capitalizar en 1,2 billones de pesos, a una empresa del sector de las telecomunicaciones en donde el Estado mantiene un porcentaje minoritario de las acciones y una multinacional española goza ampliamente de las mayorías. Sería verdaderamente escandaloso que, después de vender Isagen por un rubro de 6 billones de pesos, el mismo Estado se gastara un monto cercano en las capitalizaciones que paulatinamente ha venido haciendo en esa compañía operadora de telecomunicaciones y en la cual están incorporados los pasivos pensionales y laborales de la desaparecida Telecom.

Mal hace, ciertamente, el Estado en mantener -en cabeza del Ministerio de Hacienda- esas acciones sin tasa de retorno alguno y con multimillonarias capitalizaciones que constantemente drenan el presupuesto nacional, impidiendo precisamente la inversión en la construcción de viviendas, escuelas y hospitales.

Pero no solo eso. La OCDE, sobre el tema, ha dicho reiterativamente que el Estado no puede ser juez y parte en materia de la regulación de las telecomunicaciones. Esa organización, a la que pretende acceder Colombia para incorporar las buenas prácticas  gubernamentales al país, ha indicado, por el contrario, que todas las inversiones estatales deben conllevar una plusvalía social y que no puede someterse el presupuesto nacional a compromisos que desdibujen la libre competencia y las reglas del juego equilibradas dentro del mercado.

El Estado no puede seguir cayendo en la conducta estrepitosa, como se dijo, de ser juez y parte. Al contrario, la acuciosa Superintendencia de Industria y Comercio, que ha adoptado varias decisiones fundamentales en otros procesos, tiene el deber de entrar a sanear el escenario de la libre competencia entre los operadores de telecomunicaciones. La OCDE ha sido absolutamente clara en que las superintendencias son organismos autónomos e independientes de los tejemanejes estatales. En todo caso, bien por vía de la adición o por el traslado de otros recursos del presupuesto nacional, sería un verdadero estropicio que se fuera, en estas semanas, a destinar 1,2 billones de pesos más a la citada empresa, adicionales a los tres billones entregados hace unos años. Desde luego, la Nación tiene que responder por el pasivo pensional de Telecom, pero no puede ser ello por la vía de unas acciones que pueden estar bordeando el detrimento patrimonial. De hecho, se espera que la Contraloría General de la República ponga lupa en la materia.

El propio Gobierno estableció una hoja de ruta según la cual el Estado debe salir de todas las acciones en empresas en donde sea minoritario. Mal haría, después de una reforma tributaria que ha causado tanta polémica y desmedro al bolsillo de los colombianos, con actuar en contrario.