Los integrantes de la guerrilla de las Farc que no entreguen las armas, sencillamente pierden los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Así se refirieron políticos y analistas sobre la caleta de armas que le fue encontrada por el Ejército a las Farc.

Durante un foro desarrollado por la Universidad del Rosario, varios invitados manifestaron que ese hecho demuestra que están incumpliendo, que son las Naciones Unidas y el Ejército quienes deben hacer claridad y decirle al país si están entregando las armas o no.

La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra dijo que la caleta de las Farc encontrada por el Ejército lo que demuestra  es que la guerrilla está haciendo conejo al proceso de desarme, “cuando hemos dicho que no es cierto que solo tenga 7 mil armas, sino que faltan las de largo alcance, ya se venía hablando de varias caletas”.

Manifestó la legisladora que esa sería una violación clara del proceso de reincorporación, y dijo que “creo que fundamentalmente la Justicia Especial para la Paz es una justicia que le hace daño a las instituciones, los generales la defienden con mucho ánimo, la aplauden, pero ellos no han dimensionado los efectos adversos, Dios quiera que nosotros no tengamos razón, para bien de nuestras Fuerzas Militares, aquí hay un cambio de reglas de juego por la manera que van a juzgar a nuestros militares”.

Tanto Juan Carlos Henao, como Álvaro Leyva manifestaron que uno de los requisitos para que accedan a la Justicia de paz es que entreguen las armas.   

En el evento  estuvieron el vicepresidente Óscar Naranjo, Álvaro Leyva Durán, María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo y Jaime Castro, entre otros expertos,  y tuvo por objeto crear un escenario de reflexión, discusión y análisis alrededor del tema de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así mismo sobre los retos que se presentan para lograr una paz estable y duradera.

El exmagistrado Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado dijo que “se requiere dar garantías de no repetición, estar en absoluto desarme y someterse a la jurisdicción Especial para la Paz”.

Señaló Henao que quien sea beneficiario de la jurisdicción especial para la paz tiene que estar desarmado, “si se arma pierde los beneficios, y tiene que perder los beneficios, si miente también pierde los beneficios, y eso está dicho tanto en la ley como en el Acuerdo”.

Más caletas

El jefe de las Farc Rodrigo Londoño, Timochenko, confirmó este jueves que hay 900 caletas listas para recoger junto al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas.

Lo hizo en su cuenta de Twitter luego de que se conociera que en un operativo efectuado en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades habían encontrado una caleta, perteneciente al frente 48 de las Farc, con 4 fusiles, 6 ametralladoras, 2 sub ametralladoras, 3 lanza granadas, 3 morteros, 15 granadas, 100 kilos de pentolita, 200 minas antipersona, 16.500 municiones, 3.600 detonadores, 32.500 metros de cordón detonante y 16.000 cartuchos.

En los mensajes el máximo líder de las Farc, deja entrever que la ONU tiene conocimiento de las municiones que tiene este grupo en el país. 

Por su lado el exministro Álvaro Leyva, aclarando que él no es asesor jurídico de las Farc, sino de Colombia, dijo que el conocimiento que tiene es que aún la guerrilla no ha entregado la totalidad de las armas. “Las Naciones Unidas están para vigilar la entrega de las armas, hay 20 protocolos que nadie conoce, cada uno para un tema diferente, en algunos de esos protocolos se ha previsto esto”.

Dijo Leyva que existen unos plazos para la entrega de las armas, y se ha venido informando lo que se tiene. Señaló que por el momento se está verificando. Y frente a las personas que se están acogiendo a la JEP, anotó que ahí están los formularios que deberán llenar, lo mismo que la forma de tramitarlo.

Entre tanto Juan Guillermo García, subjefe del Estado Mayor Conjunto de Fortalecimiento Jurídico Institucional, explicó que habrá unas penas alternativas para quienes reconozcan verdad mas no responsabilidad, “porque decir verdad no quiere decir que asuma la responsabilidad, yo voy a decir mi verdad, y si no asumo la responsabilidad me lo tendrán que decir allí”. Dijo que “las penas van entre 2, 5 y 8 años. Si yo no reconozco muero con las botas puestas y allí me revisan las pruebas”.

Concluyó que toda orden militar se presume de legalidad, es un  acto administrativo, “si yo di esa orden ilegal, me tendrán que demostrar que yo di esa orden ilegal, pero existe  una cadena y si ellos se salen de los protocolos establecidos, ahí tendrán que responder”.