SENTENCIA DE 2016 OBLIGA AL ICBF A RECONOCER PENSIÓN A 106 MUJERES
Definen sobre nulidad de fallo aque favorece a madres comunitarias

Foto archivo El Nuevo Siglo

Una sesión extraordinaria realizará la Sala Plena de la Corte Constitucional el día de hoy desde a las 3:00 p.m., con el objeto de considerar el incidente de nulidad que presentó el Gobierno nacional frente a la sentencia T-480/16, en la cual ordenó al  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pagar los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y pensiones a 106 madres comunitarias que se vincularon al Programa Hogares Comunitarios desde 1988 hasta el 2014, cuando se formalizó su situación

La Corte Constitucional tiene plazo hasta el día de hoy para resolver sobre este incidente de nulidad, lo cual explica por qué citó  sesión extraordinaria para discutir y votar la ponencia que sobre el particular presentó el magistrado Alberto Rojas Ríos.

Se  ha estimado que este fallo le significaría al ICBF desembolsillar cerca de $6 billones. El pago de aportes a pensión de las 106 madres sumaría $1,9 billones; los salarios y prestaciones llegarían a $2,8 billones y las mesadas pensionales por un valor $1,4 billones.

Pero las cifras podrían crecer, pues cabe la posibilidad que esta sentencia alienta a las 69 mil madres comunitarias que hoy prestan esta labor a través de terceros a demandar exigiendo vinculación directa con el ICBF.

La directora de este organismo, Cristina Plazas, indicó hace algunos días que “tenemos una preocupación muy grande, el fallo de la Corte Constitucional puede costarle al país 22 billones de pesos, esto es una suma muy alta y por eso nosotros hemos presentado la nulidad de esta sentencia. Ya existían sentencias anteriores en donde no reconocían el contrato realidad, entendiendo que las madres comunitarias es un trabajo como su nombre lo dice ‘comunitario’, en donde los papás fueron quienes durante tiempo le pagaron a las madres y el ICBF dando unos recursos para alimentación, fue tomando una fuerza política, que hoy en día se reconoce un contrato de trabajo a través de unas fundaciones y esas fundaciones son las que tienen que responder”.

Santos objeta iniciativa

La sentencia T-480/16 no es el único dolor de cabeza que sufre el Gobierno en materia de madres comunitarias, pues en enero pasado el presidente Santos objetó el proyecto de ley que aprobó el Congreso para vincular laboralmente a estas mujeres como empleadas públicas al servicio del ICBF.

El Jefe de Estado consideró que la norma es inconstitucional porque va en contravía de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, “que estableció límites estrictos a los gastos del personal”.

La determinación del primer Mandatario fue consignada en una misiva enviada al presidente del Congreso, senador Mauricio Lizcano, donde le precisó que la norma tampoco cumple con lo establecido en la Ley 1769 de 2015, “que fijó el procedimiento a seguir para la modificación de las plantas de personal”.

La iniciativa aprobada por el Congreso, según Santos, “en calidad de empleadas públicas les daría derecho a recibir el pago, entre otros, de una prima de vacaciones y de bonificación cada año de servicios prestado, así como todas las asignaciones básicas mensuales previstas en la ley”.

Entre los motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia por los que el Gobierno nacional decidió devolver el proyecto de ley está el considerar que es inconveniente en su integridad, ya que el artículo que regula la formalización de las madres comunitarias, FAMI, sustitutas y tutoras resulta contrario a la Constitución y genera un impacto fiscal de enormes proporciones. Así mismo, los artículos que desarrollan el subsidio a la vejez y la educación gratuita afectan seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal.

Indicó el Ejecutivo que este Decreto-ley implicaría la vinculación directa al ICBF en calidad de empleadas de las madres comunitarias, sustitutas y tutoras. Que le representaría erogaciones del orden de $769.748 millones anuales. El Instituto pasaría de tener 6.000 servidores públicos a 61 mil.

Sobre el particular, la representante a la Cámara, Ángela Robledo, dijo que “el ICBF apoyó el trámite del proyecto en audiencias públicas, así como los debates en las distintas comisiones y plenarias del Congreso. De igual manera firmó compromisos con los sindicatos de madres comunitarias y ahora se lava las manos diciendo que no hay presupuesto. Lamento profundamente esta decisión del Gobierno que no reconoce los derechos de las mujeres en Colombia y prefiere seguir tercerizando el trabajo de las madres comunitarias que se ocupan del cuidado de los niños por asuntos fiscales”.