A comienzos del año pasado, cuando el país celebraba que el riesgo de racionamiento eléctrico había desaparecido, luego de un plan de ahorro de agua y luz, entre voluntario y obligado, a que fueron sometidos tanto los hogares como buena parte del sector industrial y comercial, no pocos analistas hacían dos advertencias. La primera, que entes de control como la Contraloría General habían alertado desde muchos meses atrás que la confiabilidad del sistema de generación eléctrica en el país tenía muchas falencias, pero esos campanazos tempraneros no se atendieron a tiempo. Y, en segundo lugar, se conminó al Gobierno a que cumpliera el plan estructural que anunció tan pronto como se despejó el riesgo de un apagón, en el sentido de aumentar no sólo la capacidad de generación de las cadena hidro y termoeléctrica en el país, sino los mecanismos de alerta temprana para que se activaran los sistemas de respaldo antes de que asomara el peligro de un racionamiento.

Ambas circunstancias vuelven a estar en primera plana en estos días tras un preocupante informe de la Contraloría General según el cual no se ha desvanecido el fantasma de que se presente un déficit de abastecimiento de gas natural en el interior del país el próximo año, y probablemente en todo el territorio nacional en 2023. A ello se suma la alarma por el efecto que pueden traer los atrasos que se evidencian en la planeación y ejecución de nuevos proyectos.

De acuerdo con el ente de control fiscal, “teniendo en cuenta las fechas presentadas por la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME) en las cuales la oferta no atenderá debidamente la demanda, la Contraloría debe llamar la atención sobre la necesidad de realizar una adecuada planeación y coordinación interinstitucional que permita proponer, fomentar y llevar a cabo proyectos que garanticen una oferta de gas natural después de estas fechas”.

Se alertó que aunque las proyecciones se muestren favorables con los posibles hallazgos de gas natural y la viabilización para la construcción de la Planta de Regasificación en la Costa Pacífica, la experiencia indica que la maduración de los mismos puede tardar de 4 a 6 años. Todo ello sin contar con el tiempo que demandan trámites administrativos como la obtención de licencias ambientales, la consulta a comunidades étnicas y probables modificaciones de los planes de ordenamiento territorial.

¿Qué responde el Gobierno a este campanazo? Por el momento no hay reacción oficial a lo advertido por la Contraloría, pero es claro que tiene que existir un pronunciamiento ante una previsión de semejante gravedad. Los últimos reportes del Ministerio de Minas y Energía sobre la producción de gas, con corte a marzo, indican que la cifra preliminar fue de 909 millones de pies cúbicos por día, un volumen superior en 0,88 por ciento con respecto a febrero.

Obviamente este es apenas un dato a corto plazo. Sin embargo en marzo pasado, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio y la UPME participaron en la discusión del documento "Análisis y evaluación de la política de gas natural y el desarrollo de activos de flexibilidad dentro del plan de abastecimiento", realizado, precisamente, por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría General.

Según la cartera ministerial, allí se presentaron los antecedentes y desarrollo del gas natural en el país, destacando el crecimiento, los aspectos de política pública definidos para el sector y la planeación del Gobierno nacional para alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Además, se resaltó la prioridad de asegurar el abastecimiento de este combustible. Para ello se destacó la importancia de seguir incentivando la exploración de este hidrocarburo, pues Colombia cuenta con importantes reservas de gas natural, como la Cuenca Sinú-San Jacinto en los departamentos de Córdoba y Sucre, además de las perspectivas costa afuera en los pozos Orca y Kronos.

Este pronunciamiento, como se dijo, se dio en marzo pasado, mientras que el informe de la Contraloría se reveló en la última semana, razón por la cual continúa siendo urgente que el Ministerio produzca una respuesta puntual al campanazo del ente de control fiscal.

Existiendo ya el antecedente del año pasado con el riesgo de apagón y teniendo presente el plan que en ese entonces el Ejecutivo anunció como mecanismo para asegurar la confiabilidad del sistema de generación hidro y termoeléctrico (este último se alimenta con gas y carbón), a lo que se suma el sector industrial, de hogares y vehículos que consume gas a diario, tiene que aclararse si existe el peligro de un desabastecimiento en el interior del país el próximo año y en todo el territorio en 2023. Bien lo dice el refrán popular: soldado avisado…