Mediante el proyecto de ley 221 de 2017, el senador Rodrigo Villalba y la representante a la Cámara Flora Perdomo Andrade, buscan la protección al derecho a la salud del menor.

Explican los parlamentarios en su propuesta que “este proyecto de ley busca la protección de la atención integral de los niños, niñas y adolescentes, mediante el reconocimiento como sujetos de derecho a la salud, en todos sus órdenes, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración, y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior constitucional”.

Señala la iniciativa que “la ley contempla entre otras medidas que cuando una Empresa Social del Estado, ESE, o una IPS privada, que opere en Colombia, decida presentar solicitud de cierre de un servicio previamente habilitado para la atención de la población infantil y adolescente, reporte con una antelación no menor a 6 meses, a la entidad que mediante reglamento designe el Ministerio de Salud y Protección Social”.

El proyecto de ley obedece también a la necesidad de contar con un instrumento legal para regular el ejercicio profesional de una de las ramas de la medicina que por sus características tan relevantes requiere reglamentación. La pediatría es una especialidad de la medicina que se encarga del estudio y seguimiento en los aspectos sicosociales de un ser que está en constante crecimiento y desarrollo, como es el niño desde la etapa de recién nacido hasta la edad de 18 años.

Indica el proyecto que “la Sociedad Colombiana de Pediatría ha venido denunciando desde el año 2011 el cierre de camas hospitalarias para la atención de niños, niñas y adolescentes llegando a registros de más de 350 camas cerradas en Bogotá y más de 750 camas en el resto del país”.

La investigación realizada por esta organización encontró con evidencia documental que la razón más fuerte para el cierre de camas de hospitalización de pediatría en clínicas y hospitales públicos y privados fue la baja rentabilidad económica que este servicio aporta a los prestadores de salud (IPS) que en medio de una crisis financiera como la que vive el Sistema de salud en Colombia, toman la decisión de cerrar los servicios de salud menos rentables para fortalecer servicios con mayor margen de rentabilidad.

Al solicitar cifras a las autoridades competentes, esta Sociedad encuentra que las mismas no cuentan con el registro actualizado dado que la apertura de camas de hospitalización requiere aprobación y reporte ante las autoridades pero no así su cierre.

La Sociedad Colombiana de Pediatría ha recibido de sus más de 3.000 pediatras afiliados, información sobre los cierres de servicios de pediatría a nivel nacional, llegando estos a casi 1.000 camas cerradas a diciembre de 2014. Desde el año 2011, esta organización se dio a la tarea de recopilar cifras.

“Las sobreocupaciones que nos han reportado llegan a ser en los servicios de urgencias de pediatría de 150% a 250%, con lo cual se demuestra la falta de camas hospitalarias para niños y niñas en varias ciudades del país. Igual situación ocurre con las camas de cuidado intensivo pediátrico. Incluso, se han reportado casos de pacientes pediátricos que han requerido traslados a otras ciudades por falta de camas en su ciudad de origen, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de pacientes en estado crítico”, explica como argumento el proyecto.

Señalan que “la Constitución Política de Colombia dispone respecto de la protección al menor lo siguiente: el artículo 44 constitucional consagró los derechos a la seguridad social y a la salud como derechos fundamentales”. Así mismo consagró la norma constitucional que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, lo cual indica que la protección integral de sus derechos debe hacerse efectiva a través del principio del interés superior de los niños. Este principio constituye por tanto un criterio hermenéutico para la aplicación de todas las normas constitucionales y legales relativas a sus derechos”.