- Las consultas partidistas, ´tierra de nadie´
- Crisis muchas veces diagnosticada pero…
Más allá del mapa político delineado por las elecciones parlamentarias y las consultas interpartidistas del pasado domingo, y de todos los análisis e interpretaciones hechas por quienes se consideran vencedores y vencidos en las urnas, es claro que el país necesita hacer una pausa para sopesar de manera tranquila y objetiva lo que pasó en esta jornada. Porque conocido ya quiénes integrarán el Legislativo a partir del próximo 20 de julio y los aspirantes de las dos coaliciones que concurrieron a las urnas, la principal conclusión que se puede sacar es que el sistema electoral colombiano requiere con urgencia una reforma a fondo porque si bien se redujeron los índices de abstención no por ello se puede hablar de una democracia más trasparente y representativa.
Como en repetidas ocasiones lo advertimos desde estas páginas, la legislación electoral vigente parece una colcha de retazos, en donde es tal la confusión normativa o su inaplicabilidad en muchos campos que pareciera, en determinados momentos, que prima una especie de ‘ley de la selva ‘política.
No se entiende, por ejemplo cuántas más pruebas se necesitan para verificar que la circunscripción nacional para elegir el Senado se convirtió en la causa principal de los vicios políticos y electorales en nuestro país. Más allá del impactante caso de una candidata electa al Senado, cuya sede en Barranquilla fue allanada por la Fiscalía y ya se le procesa por graves delitos de corrupción al sufragante, en el resto de las regiones también pulularon las denuncias sobre ríos de dinero para la compra de votos, fidelización de líderes locales y costeo de festejos proselitistas a diestra y siniestra.
Tampoco se puede negar que la normatividad vigente para evitar la doble militancia política se ha convertido en una especie de ‘rey de burlas´ y era conocido en muchos departamentos la forma en que candidatos al Senado y la Cámara de distintos partidos y movimientos se cruzaban apoyos sin ser sancionados pese a la evidente irregularidad. A ello hay que sumar que no en pocas zonas se denunció en forma insistente que gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos participaron en actividades proselitistas, anomalía que inexplicablemente termina cobijada por complicidades colectivas.
De otro lado, la votación de las consultas interpartidistas no hizo más que evidenciar lo desdibujada que está esa herramienta de participación ciudadana. Pese a que desde hace muchos años se ha advertido que mientras los partidos y movimientos no se organicen y procedan a la carnetización de sus afiliados, las consultas terminan expuestas a graves interferencias políticas y electorales de otras colectividades y caudales ciudadanos, la falencia sigue sin resolver. La abultada votación de los candidatos que ganaron dichas consultas este domingo y la gran diferencia de sus guarismos frente a lo que sumaron sus partidos en materia de elecciones parlamentarias, no hace más que ratificar que esa definición de “consultas interpartidistas” no corresponde a realidad alguna y, por el contrario, genera escenarios políticos que no solo confunden al ciudadano sino atentan contra la trasparencia democrática. Es evidente, de igual forma, que las consultas tal y como se realizan en Colombia constituyen un factor de inequidad política porque permite que algunos precandidatos tengan no solo más tiempo para adelantar su respectiva campaña, sino la opción de realizar intensas y costosas ofensivas publicitarias, sobre todo en televisión, mientras que el resto de los candidatos queda atado de manos.
En lo atinente al operativo y la logística electoral no se puede negar que la escasez de tarjetones para las consultas que se presentó en unos pocos puestos de votación terminó siendo una mácula en la eficiente labor que adelantó la Registraduría el pasado domingo. Sin embargo, hay que ser objetivos y recalcar que el vergonzante episodio fue producto también de esa ´tierra de nadie ‘en que terminaron convertidas las consultas. Si los partidos estuvieran organizados y existiera una base de datos oficial sobre los afiliados que tienen derecho a sufragar en las consultas, la organización electoral no tendría por qué estar adivinando los potenciales flujos de votantes ni mucho menos exponiéndose a tener que activar planes de contingencia tan accidentados como el de fotocopiar tarjetones sobre la marcha de la jornada democrática.
Como se ve, el sistema electoral en Colombia si bien permite realizar citas a las urnas y entregar resultados que se consideran confiables, está muy lejos de ser equilibrado y transparente. El Código actual es desueto y arrastra grandes y evidentes contradicciones. Un diagnóstico muchas veces puesto sobre la mesa, pero no por ello los gobiernos y congresos de turno tuvieron la voluntad y decisión para reformarlo. Y por ello estamos en lo que estamos.