El próximo jueves comienza el segundo tramo de la legislatura. Las expectativas sobre la productividad parlamentaria no son muy altas, sobre todo porque la contienda de candidatos y precandidatos a la Casa de Nariño arrancó prematuramente y ya se vencen los plazos para que los ministros y funcionarios de todo nivel que aspirarán al Senado y la Cámara dentro de un año renuncien para no inhabilitarse.

Hasta el momento no pocos analistas advierten que el Congreso tiene muchos pendientes y que los retos al reanudar las sesiones ordinarias son muchos. De un lado, es claro que la prioridad continuará siendo la aprobación de las leyes y actos legislativos relacionados con el proceso de implementación normativa del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. En este caso es evidente que en los últimos dos meses y medio se ha avanzado lentamente y prueba de ello es que en ese lapso muy pocas iniciativas han sido radicadas y discutidas, y de estas sólo algunas aprobadas y ya con sanción presidencial. Según el Ejecutivo y los jefes de las bancadas se espera que una vez sea aprobado esta semana el proyecto que crea la cuestionada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ritmo de los debates a otras iniciativas aumente toda vez que ya se habrá surtido la discusión de las más complejas, que indudablemente son las relativas al sistema de justicia transicional que se aplicará a los guerrilleros, integrantes de la Fuerza Pública y civiles procesados por delitos relacionados con el conflicto armado interno.

La segunda etapa de ese desarrollo normativo arranca bajo el campanazo dado la semana pasada por la Corte Constitucional al tumbar el primer decreto dictado por la Presidencia de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que se le otorgaron para viabilizar temas urgentes del acuerdo. El alto tribunal  advirtió a la Casa de Nariño así como al Senado y la Cámara que tanto la vía rápida legislativa (también llamada ‘fast track’) como las facultades extraordinarias presidenciales tienen unos límites claros, referidos a que toda norma que se apruebe bajo su órbita no solo debe tener conexidad evidente con el pacto de paz sino que, además debe estar plenamente justificada la necesidad de tramitarla bajo estos procedimientos excepcionales.

Esa advertencia será clave para temas que apenas empiezan a discutirse como el proyecto que crea un Estatuto de la Oposición o aún más la iniciativa que se radicará en próximas semanas sobre una reforma política y electoral. Como se sabe, este último tema ha generado polémica en distintos sectores que alertan sobre el riesgo de que Gobierno, Farc y otras instancias políticas intenten impulsar una iniciativa que vaya más allá de lo acordado en La Habana, que se refiere principalmente a la reinserción a la vida política de la organización en trance de desarme y desmovilización y una mayor participación de las comunidades de las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Pero lo relativo a la paz no es el único reto que tendrá el Congreso a partir de este jueves. Por ejemplo, está pendiente la elección de cuatro magistrados de la Corte Constitucional, una vez la Suprema de Justicia y la Presidencia de la República confeccionen las ternas y las envíen al Senado para la respectiva escogencia. Ya la propia Corte hizo un llamado para que se acelere este proceso de postulación y se evite la interinidad en casi el cincuenta por ciento de sus magistrados. De hecho ya hubo necesidad de designar a dos juristas provisionales.

De igual manera hay pendientes no menos de una docena de debates de control político alrededor de asuntos de alto impacto para el país como los escándalos de corrupción, el agitado clima social y laboral, el aumento de los narcocultivos y la crisis de seguridad urbana y rural, en especial en aquellas zonas en donde ya dejaron de operar los frentes de las Farc y otros actores ilegales están incursionando.

No menos importante es lo relativo a proyectos ya en curso como la reforma al Código de Extinción de Dominio o el alud de iniciativas para tratar de combatir la corrupción. Es claro que el tiempo para reformas de amplio espectro en materia pensional, laboral, minera o ambiental ya es muy escaso e incluso serán tema del próximo gobierno.

Como se ve, este segundo tramo de la legislatura, que irá hasta junio, tiene muchos retos. Lo principal es que los partidos se concentren en su labor legislativa y de control político, y no se dejen distraer por el tempranero arranque de la campaña electoral.