Tsunami de corrupción

Tengo la percepción de que por donde se hunda el dedo en el cuerpo de la nación colombiana brota la pus de la corrupción.

No sé si es el funcionario público el que corrompe al empresario privado o al revés, o ambos al tiempo, los corruptos se conocen, se apoyan y se ayudan para alzarse con el erario público. 

De acuerdo con estadísticas judiciales, antes se juzgaban y enjuiciaban a los funcionarios por robarse el 10 % del valor de lo contratado, ahora la situación les ha mejorado porque se roban es todo, y se les queda debiendo plata. Antes Colombia subsiste, ¿Será por las inversiones de los corruptos, que se mueve la economía? 

Perdimos la cultura de la legalidad, ahora los importantes, los grandes capitales, los grandes empresarios han impulsado sus ganancias, nadando en las piscinas de la ilegalidad. Ladrones de cuello blanco con manos negras de contar plata. Es increíble lo que está pasando en nuestro país, carreteras que con la plata que se han robado estarían ya de doble calzada con puentes y pavimentadas, sin embargo están ahí acabadas e intransitables.

Ejemplo, los Juegos Nacionales de Ibagué y el alcalde sigue jugando golf.  

Ahora tenemos que rendirle homenaje y hasta elegir a German Vargas Lleras porque cumplió con su deber de vicepresidente, porque hizo obras con nuestros impuestos. Es como condecorar a un policía, porque captura un ladrón, cuando esa es su obligación. Reunir ese comité de aplausos a Vargas Lleras le costó al erario público cerca de 150 millones de pesos. Eso merece un coscorrón. 

Lo más serio, ponderado y eficaz que se ha presentado hasta el momento para combatir la corrupción es  la propuesta  del ex constituyente Álvaro Leyva Durán, quien  presentó ante la CSIVI, comisión de implementación, mediante la cual se introduce en la Constitución política ,la lucha contra la corrupción, como fin del Estado, destacándose ,la obligatoriedad de que dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de aprobación del Acto Legislativo, el Contralor, el Procurador , el Fiscal, y los superintendentes, deberán rendir, una declaración que contenga la denominación o razón social de las sociedades de las que cada uno haya sido, durante los cinco  años  anteriores a la posesión de su cargo, socio, administrador, representante legal, o asesor a cualquier título.

Por la salud del país debemos unir esfuerzos  para detener este tsunami de la corrupción. 

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