Como lo hemos reiterado, este Gobierno cuando se ve acorralado por hechos que amenazan su credibilidad y deterioran su imagen intenta huir levantando gruesas cortinas de humo.

El último hecho ocurrió hace algunos días cuando el Ministro de Gobierno radicó en el Congreso un espeso proyecto de reforma constitucional, tratando de hacernos creer que así conseguiríamos las herramientas legales para combatir eficazmente la corrupción que nos ahoga.

Inmediatamente, como enorme ola, muchos columnistas alertamos a la opinión demostrando que con dicho proyecto no avanzaremos casi nada en el propósito de erradicar ese flagelo. Advirtiendo además, que algunos de los artículos propuestos más bien apuntan a dar nuevas gabelas a los terroristas en trance de convertirse en partido político, como ocurre con la autorización para que desde los 16 años se pueda votar.

No siendo ese el camino para combatir la corrupción, lo que se evidencia en todos los sondeos de opinión conocidos es que la gente está asqueada con lo destapado y rechaza la incomprensible lentitud de las autoridades que deben combatirla. La opinión pública clama por castigos ejemplares para los corruptos.  Perseguir la corrupción ocupa ahora el primer lugar en las prioridades de la gente.

Sería deseable que los esfuerzos encaminados a ese objetivo den inicio por evitar el costo excesivo que tienen las campañas políticas a cualquier corporación de elección popular.

El jueves pasado en una entrevista publicada por un importante periódico, el Representante Rodrigo Lara, manifestó que no intentará reelegirse porque no tiene forma de conseguir los $1.300 millones que como mínimo cuesta una campaña a la Cámara, agregando, que él sabe de otros congresistas que gastan cifras hasta 10 veces superiores a ese valor para asegurar su curul. En otras palabras, afirma que hay campañas en las que se gastan más de cuatro millones de dólares por cada silla. Un escándalo.

Pero asombra que esa cruda afirmación, dada por un congresista serio no haya causado revuelo en los medios. Solo hace falta preguntarnos: ¿De dónde saca un aspirante al Congreso esas gruesas sumas? Es claro que no es del patrimonio personal, ya que con la asignación mensual que recibe, unos $25 millones netos, no se alcanza a reponer esa enorme suma durante su periodo, ni si quiera dejando de atender sus gastos familiares.

Entonces, ¿Quiénes aportan dichas fortunas? Se cae de su peso la respuesta, lo hacen personas que se apuntan apostando por un legislador, como se hace en los casinos, esperando que en los cuatro años de su gestión sus aportes se multipliquen varias veces, por la vía de la contratación pública. Ahí comienza todo.

Se impone limpiar las costumbres electorales que nos amenazan. Tal vez lo único rescatable del proyecto de reforma constitucional ahora presentado sea la eliminación del nefasto voto preferente al interior de cada lista partidista.

Pero también es necesario eliminar la tolerancia que tiene la sociedad entera frente a los corruptos. La sanción social jugaría también un importante papel en esta lucha. Demos inicio a la tarea.