Ciencia, tecnología e innovación. Los países que priorizan inversiones y políticas en estas tres áreas ostentan los primeros lugares en desarrollo económico, educativo, empleo de calidad, eficiencia en lo público y plusvalía en lo privado. De allí que cuando años atrás se reformó el Sistema General de Regalías hubo respaldo unánime a que el 10 por ciento de esos billonarios presupuestos de compensación por la explotación recursos naturales no renovables fuera destinado obligatoriamente al desarrollo de proyectos e iniciativas regionales y locales de carácter científico e investigativo.
Sin embargo, desde ese mismo momento sectores de la academia, organizaciones científicas, universidades, centros de investigación y pensadores reconocidos advirtieron que tan importante impulso a la investigación, el desarrollo tecnológico y los procesos de innovación productiva podría frustrarse si la reglamentación para evaluar y seleccionar qué proyectos se financiarían no quedaba blindada ante el riesgo de los criterios políticos y clientelistas que priman en gobernaciones y alcaldías o, peor aún, frente a las maniobras de las redes de corrupción, cartelización contractual y desgreño administrativo que llevaban décadas esquilmando las regalías.
Un alarmante diagnóstico de la Contraloría General esta semana no hace más que confirmar que falló la reglamentación del sistema y los recursos terminaron, de nuevo, en calidad de ‘botín’ para la corrupción y la ineficiencia. No resultó cierto que el mecanismo para la presentación, evaluación y aprobación de los proyectos era tan riguroso que difícilmente iniciativas con deficiente sustento científico o utilidad potencial podrían pasar el filtro de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que son el corazón del sistema de regalías en departamentos y municipios.
La Contraloría, en una evaluación de desempeño al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, detectó una serie de riesgos, inversiones poco pertinentes y problemas de eficiencia en los proyectos aprobados. Falencias que se reflejan, entre otros aspectos, en los altos saldos sin ejecutar por 1,5 billones de pesos, que son precisamente los que el Gobierno, en una movida muy polémica, ahora pretende redireccionar para financiar tres mil kilómetros de vías terciarias, en desarrollo del acuerdo de paz con las Farc y el posconflicto.
El ente de control fiscal encontró que entidades e instituciones no reconocidas por Colciencias -que se suponía tendría un rol protagónico en todo el proceso- están manejando contratos por 600 mil millones de pesos. Igualmente, se otorgaron becas en universidades de calidad media o baja por un valor de 35 mil millones. Además, buena parte de los proyectos de ciencia y tecnología son ejecutados por contratistas poco idóneos y no responden a las necesidades puntuales de su región. Por ejemplo: la auditoría a 33 proyectos por 380 mil millones de pesos evidenció que en cinco de ellos, por valor de 76 mil millones, no era clara su pertinencia a los temas de ciencia y tecnología o, peor aún, su alcance fue modificado de manera sustancial durante el proceso de ejecución. Incluso, en un hecho anecdótico pero que resalta la gravedad de las falencias, se detectó que recursos para proyectos de investigación y ciencia terminaron siendo destinados a un asadero de pollos y un spa.
Conocido el informe de la Contraloría, la Fiscalía anunció que está próxima a tomar medidas judiciales sobre anomalías en el uso e inversión de las regalías. Ya meses atrás el propio Departamento Nacional de Planeación había denunciado deficiencias en financiación y ejecución de centenares de proyectos en distintos departamentos. La Procuraduría también adelanta pesquisas contra funcionarios públicos y contratistas.
Visto todo lo anterior es evidente que, como lo advirtieran también días atrás los entes de control fiscal y disciplinario, el Gobierno en lugar de estar buscando polémicas alternativas para redireccionar los dineros de las regalías que debieron invertirse en ciencia, tecnología e innovación, tendría que dedicarse prioritariamente a restructurar el mecanismo de selección, ejecución y financiación de los proyectos relacionados con estas áreas, para evitar que terminen siendo botines de la corrupción, el desgreño o la ignorancia administrativas. Hay que centralizar el manejo de los recursos en el Fondo nacional y acabar con la atomización regional hoy persistente. Colciencias y las respectivas asociaciones científicas deben pasar de protagonistas de segundo plano a filtros principales y obligatorios de los proyectos. Las auditorías tienen que dotarse con pares científicos y la vigilancia a la ejecución redoblarse con igual nivel de cualificación.
En medio de las recurrentes dificultades fiscales, un 10 por ciento de las regalías para invertir en ciencia y tecnología resulta un indicador presupuestal alto, en comparación con el área latinoamericana. Pero ello sirve de poco, si la corrupción, la ignorancia y el desgreño se chupan gran parte de los recursos, o los que no son invertidos por no existir iniciativas pertinentes, terminan siendo reasignados a otras áreas, pese a tener destinación específica.