Regalías no van al ritmo del capricho

En todo un campanazo para el Gobierno, el Congreso y la propia Corte Constitucional deben constituirse las advertencias que los principales entes de control han dado en las últimas semanas alrededor del manejo de los recursos de las regalías y cómo el Gobierno no puede cambiar caprichosamente la destinación de los mismos.

Como se sabe, el Ejecutivo decidió mover recursos de las regalías para financiar programas derivados del acuerdo de paz con las Farc. Y para ello no sólo expidió un decreto, al amparo de la vía rápida legislativa, con el fin de redirigir dineros del antiguo Fondo Nacional de Regalías (en liquidación), sino que anunció que se proyectaría un acto legislativo para “descongelar” recursos de las regalías cercanos a 1,5 billones de pesos que estaban en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI). Se supone que esos dineros debían ser investidos en proyectos de esa materia, pero ahora irían para la construcción de más de tres mil kilómetros de carreteras regionales y locales en zonas que fueron afectadas por el conflicto armado.

Desde el mismo momento en que se conoció que el Gobierno cambiaría el uso de las regalías, varios sectores de la academia alertaron sobre una especie de ‘zarpazo’ a recursos que debían ser invertidos en proyectos de desarrollo tecnológico y científico. El problema es que no pudieron ser adjudicados el año pasado debido a que no pasaron el filtro de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que son las instancias en donde con el concurso de gobernadores, alcaldes y otras instancias deben ser aprobados los proyectos que se financian con estos dineros.

Sin embargo, fue la Contraloría la primera en advertir que las medidas del Gobierno en este caso no eran las más adecuadas. Según el ente de control, la propuesta presidencial de destinar “por una sola vez” los saldos no ejecutados del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para la rehabilitación de vías terciarias no se justifica, sobre todo cuando el Sistema General de Regalías presenta problemas de fondo que deben debatirse y resolverse con urgencia. Advirtió la entidad fiscalizadora sobre los manejos indebidos que se siguen dando con estos dineros, las inversiones en obras que terminan siendo inservibles, los problemas de pertinencia de muchos proyectos y los altos saldos en la Tesorería de la Nación ($5,7 billones) por cuenta de la lentitud en la aprobación de las iniciativas y en la ejecución de las mismas.

Puntualizó la Contraloría que el Gobierno va a “abrir una caja de pandora” con el único propósito de acceder a $1,5 billones para apoyar la construcción de 3.000 kilómetros de vías terciarias, cuando existen problemas de pertinencia de los proyectos, eficiencia y eficacia del Sistema.

El viernes pasado el turno le correspondió a la Procuraduría que pidió declarar la inconstitucionalidad del decreto -dictado al amparo del ‘fast track’- que cambió de destino los recursos del Fondo Nacional de Regalías. Para el Ministerio Público la norma en cuestión resulta inexequible porque esos dineros, y en general todos los provenientes de las regalías, constituyen una fuente presupuestal con destinación constitucional específica, y por ello el Legislador tiene restringida su potestad de configuración para variarla por fuera de los marcos constitucionales expresos. “Las regalías son un recurso especialísimo previsto por el ordenamiento superior, y respecto del cual el Constituyente ha decidido directamente la forma como debe utilizarse”, subrayó la entidad.

Como se ve, crecen las voces y conceptos que consideran que los recursos de las regalías no se pueden cambiar caprichosamente de destinación, por más bien intencionado que sea el nuevo objetivo de inversión, sino que debe el Estado en su conjunto facilitar que el Sistema General funcione de manera más expedita y transparente, evitando que estos billonarios presupuestos caigan en manos de las redes de corrupción y desgreño administrativo.

Quedamos pendientes del dictamen que finalmente dé la Corte Constitucional sobre el mencionado decreto. Ese mismo alto tribunal fue el que días atrás, al tumbar el primer decreto dictado al amparo del ‘fast track’, advirtió que la vía rápida legislativa y las facultades extraordinarias presidenciales para la implementación normativa del acuerdo de paz tienen límites que no pueden ser sobrepasados. El fallo sobre el decreto de las regalías será una buena ocasión para recalcar esas franjas impasables.