La política criminal y penitenciaria del Estado debe ser una sola y con la suficiente coherencia de manera tal que la segunda complemente a la primera y no a la inversa. Lo que no es justificable es que para descongestionar las cárceles haya que rebajar las penas para algunos delitos, sin que esa decisión obedezca a una medida de política criminal debidamente planificada, soportada en estudios e investigaciones sobre el fenómeno de la criminalidad.

En Colombia estamos acostumbrados a dar bandazos sobre el tema de las penas dependiendo de las coyunturas y de la sensibilidad de la opinión pública. Así, por ejemplo, un día amanecemos proponiendo la cadena perpetua para los abusadores y responsables de crímenes contra los niños; otro, la pena de muerte y, ahora, una rebaja casi generalizada de penas por razones de humanidad o por lo que se conoce como “jubileo”, ante el anuncio de la próxima visita del Papa.

Con la adopción del Sistema Penal Acusatorio se buscaba un modelo de justicia en el que se investigara más para acusar evitando el abuso de la medida de aseguramiento, pensando más en cómo obtener beneficios en cuanto a rebajas de penas por aceptación de cargos o por reconocimiento de responsabilidad. Así se evitaban procesos prolongados y dificultades en el recaudo de las pruebas para sustentar una acusación en la comisión de delitos de mucha complejidad, como el concierto para delinquir, cerrándole espacios a la impunidad.

Lamentablemente, el diseño original del Sistema Acusatorio no terminó consolidándose como se tenía previsto. Se le introdujeron ajustes que no lo fortalecieron, que era lo deseable, sino que lo debilitaron, porque hubo funcionarios refractarios a las técnicas de la oralidad. Debemos reconocer que durante los primeros años de su implementación el nuevo modelo logró revertir la tendencia del hacinamiento carcelario racionalizando la utilización de la medida de aseguramiento.

Con el transcurso del tiempo volvimos a caer en los esquemas del antiguo sistema de investigación criminal. Hoy nuestro régimen carcelario y penitenciario acusa una crisis profunda que no resulta fácil de enfrentar. Según las estadísticas oficiales el cupo del que hoy se dispone es para 78 mil internos y en estos establecimientos hay cerca de 120 mil. Del mismo modo, aproximadamente 59 mil cuentan con detención domiciliaria. Ello demuestra la situación dramática a que ha llegado el muy alto nivel de hacinamiento que se registra en nuestras cárceles.

La política criminal, desde luego, va de la mano de la política de seguridad. Según el Fiscal General las propuestas que contienen los proyectos de ley presentados al Congreso podrían equivaler a una rebaja del 20% en las penas para delitos como el hurto ¿Y en qué quedaría el tráfico de estupefacientes, el microtràfico y la conformación de pandillas juveniles? Recordemos que hemos pasado a la condición de país consumidor. Esas son respuestas que la ciudadanía espera porque de ello depende su seguridad, y propiciar la salida de las cárceles de los responsables de tales delitos no es el mejor instrumento para garantizarla.