NO CESA DEBATE
No a masiva excarcelación por jubileo

Foto archivo El Nuevo Siglo

Polémica ha causado el anunció del Gobierno de excarcelar a unos 10 mil presos dentro de la ley de jubileo. Esta política fue diseñada por parte del Gobierno a través del Partido de La U para garantizar los derechos humanos, como lo solicitó la Corte Constitucional. 

Esta iniciativa tiene que ver con la visita del papa Francisco a Colombia este año. Sin embargo, para el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, la aplicación de dicha norma debe ser de manera gradual, por lo que citó para la próxima semana a la comisión de política criminal penitenciaria.

La iniciativa permitiría la rebaja de la pena en una quinta parte, es decir el 20 por ciento de la pena, pero no beneficia a los internos que hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Según Carrillo Flórez, se debe discutir la efectividad de los proyectos de ley sobre jubileo, que fueron presentados al Congreso para la excarcelación de detenidos.

“La ley de jubileo no es el punto de partida, sino el punto de llegada de una política penitenciaria que tiene que empezar a discutirse. No se trata de abrir las puertas de las cárceles y sacar a 10 mil personas a que salgan a hacer nada”, explicó el Procurador General.

El representante del Ministerio Público sostuvo que como resultado de esa comisión tiene que haber una política penitenciaria en la que se escuchen las voces del Ministerio de Justicia, el Inpec, la Procuraduría,  la Fiscalía y la Defensoría.

Este medio consultó a algunos expertos en la materia. El exfiscal Mario Iguarán explicó que “una política criminal en el sentido de despenalizar ciertas conductas y en este caso no sea rigurosa con ciertas penas me parece válida, porque lo que está demostrado es que la pena no es lo mejor para resocializar, ni para reparar el daño que se causa con el delito”.

Señaló  también que lo que importa no es la cantidad, sino la calidad de personas, “porque si se trata de aquellos que han incurrido en delitos de lesa humanidad, o  en delitos que hoy por hoy tienen azotada la sociedad como son la corrupción administrativa, sí estaríamos por ayudar los derechos de algunos afectando a la sociedad y la moralidad pública. Pero repito, no es tanto la cantidad, sino la calidad de personas que puedan salir, habrá que mirar qué clase de delitos van a poderse privilegiar de alguna manera con esta ley de jubileo”.

Hacinamiento

Entre tanto, el exmagistrado Jaime Arrubla anotó que “lo primero que debo señalar es que en Colombia hay un gran problema con la política carcelaria, las cárceles están atestadas de presos, y los tienen en unas condiciones indignas para el ser humano, así sean personas condenadas por delitos”.

Explicó que “me parece a mí que la solución no es desocupar a la topa tolondra, la solución es una política adecuada criminal, donde delitos menores no sean necesarios llevarlos a las cárceles, sino que tengan prisión domiciliaria, que tengan instrumentos electrónicos para el control, y que se fortalezca una política de cauciones para concederles libertad bajo fianza, eso es lo que debe realizarse en un nivel nacional”.

“Los que deben estar en las cárceles son los que han cometido delitos contra los derechos humanos, contra los menores, y los delitos de corrupción. Me parece que uno decir que por la venida del Papa va a dar un jubileo, siempre se ha hecho, que yo recuerde cada vez que el Papa viene sale una ley de rebaja de penas, pero no tan amplia como la están pensando ahora, que es el 20 por ciento de la pena, generalmente eso ha sido el 5 por ciento”, sostuvo.

Alfonso Valdivieso, exfiscal general de la Nación, opinó que “lo primero es decir que el jubileo tiene antecedentes, y una decisión de una sociedad con ocasión de eventos especiales, se avecina ahora la visita del Santo Padre, y desde luego que yo comparto la preocupación que se tiene por la condición de las cárceles. Creo que hay mucho sentido de una política pública, distinguir a la población carcelaria, partiendo de la base que vayan a beneficiarse personas que constituyan una real amenaza para la sociedad. Creo que la ley estaría concebida para evitar ese riesgo”.

El exministro de Justicia Parmenio Cuellar señaló que “eso es demagogia, cómo se les ocurre decir que es política criminal, entonces la mejor política criminal seria acabar con el sistema carcelario. Yo soy enemigo de la cárcel, eso es otra cosa, pienso que no se debe establecer tantos delitos, aumentar penas para después aprovechar la venida del Papa, hablar de una ley de jubileo para poner en la calle a muchos delincuentes”.

Francisco José Cintura dijo que “lamentablemente este gobierno y los anteriores han tenido la política anticriminal del Estado, como técnicamente se debe denominar como una política pública, lo que aquí ocurre son bandazos en torno a las coyunturas”.

Proyecto de ley

El proyecto 216 de 2017 presentado en el Senado por medio del cual se establece, por una sola vez, la rebaja en una quinta parte de la pena privativa de la libertad impuesta en la República de Colombia, por delitos cometidos antes del 16 de marzo de 2017. Con este, se estima que entre 20 y 30 mil personas quedarán en libertad de forma progresiva.

“Buscamos un empalme o una reducción de la pena hasta de una quinta parte fundamentados en aspectos humanísticos que propendan por la rehabilitación, la resocialización y el reencuentro de las personas condenadas con la sociedad”, dijo el jefe de la Cartera.

Este proyecto excluye de la rebaja los casos de procesados o condenados por delitos tales como: genocidio; homicidio doloso agravado, feminicidio en sus modalidades simple y agravada, lesiones personales dolosas con agentes químicos, lesiones personales dolosas con resultados de pérdida anatómica, delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada y secuestro extorsivo, secuestro simple agravado, trata de personas, desplazamiento forzado, tortura, tráfico de niños, extorsión agravada, lavado de activos agravado, terrorismo y entrenamiento para actividades ilícitas y peculado por apropiación que exceda los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otros.