2107 no ha sido un buen año para la explotación petrolera en Colombia, sumado a la volatilidad de los precios internacionales del crudo, se suman las acciones terroristas por parte del Ejército de Liberación Nacional, Eln, que han paralizado el bombeo de hidrocarburo desde los yacimientos ubicados en Arauca.

Los constantes atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas le han dejado al país millonarias pérdidas económicas, ambientales y sociales, reveló el vicepresidente de desarrollo económico y ambiental de Ecopetrol, Eduardo Uribe.

Las cuentas indican que por atentados terroristas durante 2017 el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha estado inactivo durante 39 días, lo que provoca una pérdida de US$2,5 millones diarios, y ha dejado de bombear 50 mil barriles diarios de crudo.

Es decir que en los tres meses y 24 días de este año por la parálisis del oleoducto se han perdido cerca de $100 millones.

A nivel ambiental, en una rica zona de biodiversidad del oriente del país, los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera han provocado el derrame de más de un millón de galones con un daño irreparable al ecosistema.

Uribe dijo que los grandes perdedores con esta situación son los colombianos más pobres, pues no haber bombeo los departamentos y municipios no reciben regalías, no hay ingresos para el Estado a través del pago de impuestos por parte de las empresas explotadoras.

Además el daño causado a la biodiversidad de la región por donde transcurre el tubo es muy grave pues contamina fuentes de agua y atenta con la vida de la flora y la fauna de la región.

Daño social

Al rechazar enfáticamente los atentados perpetrados por la guerrilla del Eln contra el oleoducto Caño Limón–Coveñas, Ecopetrol señaló que estos hechos han provocado la muerte de 167 personas en los últimos 17 años producto de las minas antipersonal instaladas alrededor de los tramos afectados por las voladuras, con el fin de obstaculizar las reparaciones.

En ese lapso se han registrado 2.590 eventos ocasionados por minas antipersonal, que han dejado 584 heridos, para un total de 751 víctimas, incluida población civil (niños, mujeres y trabajadores), según estadísticas de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma).

La petrolera colombiana señaló que tanto las roturas como las abolladuras ocasionadas al tubo por los ataques terroristas son igualmente peligrosas para las comunidades, el personal encargado de las reparaciones y los miembros de la Fuerza Pública.

En repetidas oportunidades la guerrilla rodea con minas antipersonal las zonas de los eventos para atentar contra los representantes de las Fuerzas Armadas que se dedican a asegurar las áreas e impedir la labor de los trabajadores que hacen las reparaciones. En varias ocasiones las cuadrillas han sido blanco de francotiradores apostados en las zonas afectadas.

Los atentados terroristas, ya sean abolladuras o roturas, ponen en grave peligro la vida de las comunidades y el medio ambiente.

El costo de la reparación de cada abolladura o corte del tubo le cuesta al país unos $200 millones.

Los sitios elegidos para estos actos terroristas son zonas escarpadas y de difícil acceso de los municipios de El Carmen, Teorama, Tibú y Toledo.

Estos eventos podrían ocasionar una tragedia como la de Machuca que dejó 84 personas calcinadas, 30 personas heridas con quemaduras graves y todo un pueblo destruido, por un atentado de la guerrilla contra el Oleoducto Central de Colombia el 18 de octubre de 1998 en Segovia (Antioquia), sostuvo el funcionario.

El histórico

Adicionalmente, en los últimos 17 años, los ataques contra el Oleoducto han dejado como saldo el derrame de 1,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 66 millones de galones, generando un grave impacto ambiental a fuentes hídricas, fauna, flora y terrenos dedicados por las comunidades a la agricultura. Esto, además, genera pérdidas millonarias que lesionan los presupuestos de regalías para inversión social en las regiones.

Dijo Uribe que los atentados al oleoducto han afectado y ponen en riesgo a seis municipios del Catatumbo (49 veredas), dos municipios de Arauca (28 veredas), y un municipio de Boyacá (seis veredas).

En total, el oleoducto ha estado fuera de operación 3.800 días desde su inauguración en 1986, equivalente a 10,4 años (30% del total del tiempo de servicio), por cuenta de los atentados terroristas.

En lo corrido del 2017 el país ha dejado de producir más de 900 mil barriles de petróleo por las 28 voladuras ocasionadas presuntamente por la guerrilla del Eln contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, cuyo bombeo se encuentra paralizado desde hace 39 días.

Ecopetrol sostuvo que estas acciones terroristas que violan el Derecho Internacional Humanitario, ponen en riesgo la integridad de civiles y miembros de la Fuerza Pública, afectan la normal prestación de servicios públicos esenciales como agua potable y gas domiciliario, y dañan gravemente el medio ambiente.

El Ejército de Liberación Nacional es la única guerrilla activa en Colombia, actualmente se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno y ha enfocado históricamente su accionar en el sabotaje de la infraestructura eléctrica, petrolera y minera del país, en particular contra este oleoducto de 780 kilómetros de extensión.

Colombia, cuarto productor de crudo de América Latina, después de Venezuela, México y Brasil, tuvo en 2016 una producción de 885 mil barriles diarios en promedio.

El oleoducto Caño Limón Coveñas, forma parte de la red de transporte por tubería de crudo propiedad de Ecopetrol que alimenta las instalaciones del puerto de Coveñas, junto con el Oleoducto Central Ocensa y el Oleoducto Colombia.

El petróleo crudo Caño Limón, proveniente de los oleoductos, pasa a través de una instalación conocida como Estación de Medición donde se controla presión y flujo y se mide para luego almacenarse en 2 tanques de capacidad neta de 350 mil barriles cada uno, de propiedad de la Asociación Cravo Norte.