Mientras el presidente Santos condenó el ataque de un grupo armado en el Bajo San Juan, límites de Chocó y Valle del Cauca, que dejó 5 muertos y al menos 50 personas desplazadas, la gobernadora Dilian Francisca Toro exigió la intervención directa del Gobierno nacional en las comunidades indígenas y afro de la zona en donde actúan el Eln y bandas criminales, que están generado una alerta por desplazamiento hacia Buenaventura.

La mandataria vallecaucana mantuvo contacto con el Chocó, el Gobierno nacional y agencias del Ministerio Público durante y luego de la incursión armada, en procura de ayuda para estas comunidades que vienen siendo víctimas de confinamiento y desplazamiento.

Entre tanto, Buenaventura se mantiene en alerta por lo que podría ser un desplazamiento masivo de víctimas de esta acción armada.    

Mientras se requiere la intervención urgente del Gobierno nacional, el 18 de abril está señalada como la fecha en la que un Comité de Justicia Transicional con presencia de autoridades militares y defensoras de derechos humanos, entre otras, tomará medidas de fondo frente a las acciones humanitarias y de seguridad en el Litoral de San Juan y en Buenaventura.