Dos son las preocupaciones que tiene el Gobierno frente a la demanda que la multinacional española Gas Natural interpuso ayer contra el Estado colombiano ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. En primer lugar, que si bien está más que seguro de que hay soporte jurídico para justificar la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos para ordenar la liquidación de Electricaribe (filial del consorcio ibérico), es claro que en esas instancias internacionales no sólo juega el asunto meramente jurídico, sino también hay lugar a ciertos márgenes de influencia geopolítica y diplomática. Por lo mismo, se busca contratar para la defensa de Colombia una firma jurídica al más alto nivel, con experiencia en esas grandes ligas y, sobre todo, que ya haya ganado pleitos similares. No hay que olvidar que aquí hay 1.000 de millones de euros en riesgo.

Preocupaciones por Electricaribe (II)

En segundo lugar, es evidente que se requiere unidad de acción política a nivel colombiano para evitar que la controversia interna entre congresistas, autoridades y otros sectores políticos, sociales, económicos, institucionales y gremiales sobre la liquidación de la electrificadora que prestaba servicio en 7 departamentos caribeños, le termine  dando “munición” a la contraparte. No se descarta, incluso, que la Casa de Nariño cite a una especie de cumbre partidista y gremial para que, a puerta cerrada, se analice el caso y la estrategia de defensa que deberá asumir Colombia. Incluso en el Congreso ya se escucharon voces llamando a una “actitud patriótica” en el caso Electricaribe, que supere la polarización partidista y preelectoral, y rodee al Ejecutivo en el difícil pleito que asoma.

Renuncias tendrán que esperar

El paso al costado que tenían pensado dar, por estos días, más de un ministro y alto funcionario de cara a las elecciones presidenciales del próximo año podría demorarse varias semanas más. Según una alta fuente palaciega, el Jefe de Estado habría conminado a su equipo de trabajo más inmediato a que expresara quiénes en medio de esta difícil situación iban a renunciar y quiénes preferirían esperar algunas semanas más, sin llegar a inhabilitarse claro está. Para la Casa de Nariño es claro que las renuncias ahora de ministros y altos funcionarios podrían leerse en la opinión pública como una especie de crisis de gobernabilidad y coletazo del escándalo Odebrecht.

Los relevos en Palacio

Los cambios realizados por el presidente Santos el martes pasado no sorprendieron mucho. Es más, EL NUEVO SIGLO ya había publicado que Alfonso Prada, quien se venía desempeñando como director del Sena, sonaba fuertemente como nuevo Secretario General de la Presidencia, en reemplazo de Luis Guillermo Vélez, de quien no pocos congresistas y dirigentes cercanos a la Casa de Nariño decían que ya no cumplía las expectativas presidenciales y su relevo era inminente. Aunque se llegó a hablar de que iría a una embajada o incluso a un ministerio, lo cierto es que fue enviado a la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, un alto cargo que, de entrada, tendría que entrar a revisar, junto a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, la estrategia de defensa de Colombia ante la demanda de Gas Natural contra nuestro país en la ONU.

No satanizar inversión brasileña

Un alto dirigente empresarial colombiano indicó que el caso Odebrecht debe “mirarse en sus justas proporciones”, porque en Colombia las inversiones brasileñas son muy altas y en sectores clave de la economía. “… No podemos satanizar a todas las empresas brasileñas y menos creer que todas hicieron lo mismo que Odebrecht… Claro, ahora el escándalo de la carne podrida exportada por las multinacionales de ese país no es que ayude a defender al resto de las compañías, pero hay que actuar con cabeza fría”, dijo.