Los tentáculos de la constructora Odebrecht siguen enredando al exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto, quien según las nuevas revelaciones de los entes de investigación, suscribió un contrato con la empresa brasileña por $1.044 millones para la transmisión de publicidad electoral en medios de comunicación y vallas publicitarias.

Así lo dio a conocer el procurador primero delegado para la Contratación Estatal, Camilo José Orrego en un documento enviado al fiscal Néstor Humberto Martínez.

Esta que se podría considerar la prueba reina de la vinculación de Prieto con Odebrecht contempla que el objeto del contrato era "la transmisión de cuñas radiales, menciones en televisión y exhibición de vallas distribuidas en cada una de las emisoras de radio, canales de televisión y vallas publicitarias descritas en el plan de medios, en los honorarios y con las frecuencias acordadas entre el contratista y la constructora Norberto Odebrecht S.A.".

En el documento, la Procuraduría pide al Fiscal investigar cualquier irregularidad en dicho contrato, pues Prieto se encuentra también vinculado al proceso que está en curso sobre los presuntos beneficios entregados por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Odebrecht, a cambio del pago de coimas.

Por este asunto, el empresario rindió interrogatorio el jueves a la Fiscalía, pues tendría que explicar el pago de un millón de dólares del detenido exsenador Otto Bula a su amigo personal Andrés Giraldo, y quien presuntamente habría tenido como destino la segunda campaña de Santos. Los dineros que habría entregado Bula le habían sido donados por la cuestionada multinacional Odebrecht.

Ruta del Sol ya estaba en marcha

Las revelaciones están consignadas en la carta enviada a la Fiscalía en la que le piden investigar posibles conductas conexas con los delitos investigados en el contexto del escándalo Odebrecht.

Aunque el documento no especifica de qué proyecto se trata el contrato entre la firma constructora y la compañía de publicidad, en ese momento avanzaba el proyecto Ruta del Sol en fase previa a su posterior adición.

La Fiscalía investigará si esos vínculos comerciales con Odebrecht influyeron en sus visitas a la Agencia Nacional de Infraestructura para asesorar, como lo dijo Prieto, de buena fe a su director Luis Fernando Andrade.

La firma logró contratos por 10 mil millones de pesos y tiene como representante legal a Mauricio Prieto Uribe, hermano de Roberto Prieto, exgerente de la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

La Procuraduría abrió una indagación preliminar sobre los múltiples y cuantiosos contratos celebrados por al menos 9 entidades públicas y una aseguradora en salud con la sociedad Marketmedios.

Cabe mencionar que Marketmedios es una firma que tiene como representante legal a Mauricio Prieto Uribe, hermano de Roberto Prieto, exgerente de la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos, también mencionado en la investigación sobre la distribución de los sobornos de Odebrecht.

La Procuraduría realizó indagaciones desde la semana pasada contra Prieto y se le relacionan más de 20 contratos, por un valor superior a los 20.000 millones de pesos.

Por el caso de Odebrecht, altos funcionarios de 12 países de Latinoamérica y África han sido acusados de recibir 788 millones de dólares en sobornos, provenientes de la constructora brasileña.

Entre los países de Latinoamérica se encuentra Colombia, donde su presidente Santos es acusado de haber financiado su campaña con recursos de Odebrecht.

Pide intervenir cuentas

La Procuraduría General de la Nación urgió por las medidas de embargo y secuestro sobre las acciones, participaciones, derechos o cuotas sociales, que las firmas de Odebrecht tienen en la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Esta nueva acción cautelar complementará las cuantiosas medidas de embargos de cuentas y bienes.

En su petición elevada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el órgano de control solicitó que se decrete esta medida cautelar y se designe un secuestre que, en nombre y representación de las sociedades de Odebrecht, ejerza los derechos sociales y de gobierno en la concesionaria, hasta la terminación y liquidación del contrato. Un secuestre que provenga de una entidad pública.

El Ministerio Público recordó que la terminación real del contrato aún no se ha dado, pese a que el pasado 22 de febrero se suscribió un acuerdo para su terminación y liquidación. El control de las obras y de la concesionaria aún no está en poder de instituciones del Gobierno.

Se destaca que la petición de la medida cautelar, hoy reiterada por la Procuraduría General de la Nación, que sustrae a Odebrecht de la concesionaria, ha sido coadyuvada por el Gerente de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, quien la comparte.

Preocupa a la Procuraduría, entre otros aspectos fundamentales de esta transición, la protección efectiva de los derechos de los trabajadores, por lo cual este organismo ha incrementado sus acciones de vigilancia y seguimiento en 5 departamentos que atraviesan la Ruta del Sol.

También inquieta que en la etapa de transición se incrementen los gastos por parte de Odebrecht y que estos a la postre sean pasivos que hagan imposible la financiación del proyecto a largo plazo. Así, en el limbo en que se encuentra actualmente el proyecto, esa interinidad durará mínimo 120 días con empresas cuestionadas por actos de corrupción.

La Procuraduría calificó como indispensable que el Estado pueda adelantar de inmediato la etapa contractual, para la celebración de un nuevo contrato a través del cual deberá terminarse el proyecto, con un nuevo concesionario, seleccionado con transparencia, mediante licitación pública.

La gran expectativa es que en el Tribunal de Arbitramento de la próxima semana se declare la nulidad absoluta del contrato 001 de 2010 y sus otrosíes, y se desestimen las pretensiones de la Concesionaria por más de 798 mil millones de pesos.

El caso

Odebrecht, investigada en doce países por el pago de millonarios sobornos para hacerse con contratos de obras públicas que le representaron cerca de US$12 mil millones en beneficios, pagó coimas en Colombia por valor de US$11 millones entre los años 2009 y 2014, es decir, en los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y durante el primer mandato de Santos.

El escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia cada vez cobra mayores dimensiones, ya que ahora también se le relaciona con financiación a campañas presidenciales.

Además de la de Santos, la firma brasileña también habría financiado parte de la campaña del opositor Óscar Iván Zuluaga.

Según la ley colombiana las contribuciones provenientes del extranjero están prohibidas en las campañas electorales

Esta es la carta completa