Lamentable, por supuesto, que Colombia no se hubiera salvado del más grande escándalo de corrupción latinoamericana en cabeza de Odebrecht y su ejército de sobornados y otros beneficiarios del fraude histórico. Ello hubiera sido, desde luego, motivo de orgullo como, al contrario, hoy las pruebas y evidencias producen desdoro infinito. La imagen del subcontinente, hasta hace poco tiempo considerado como el milagro económico y la zona emergente del mundo, gracias a ciertos países como el nuestro, ha quedado por el piso. Las circunstancias son tan protervas que será difícil reinstaurar la confianza ciudadana y también la confianza de otras partes del exterior. Tan bajo ha llegado el ético barómetro latinoamericano que, dentro del dantesco fermento de las corruptelas descubiertas, no es posible entrever un asomo de pudor. En esta ocasión nadie, ni la OEA ni tanto organismo multilateral, se le ha ocurrido citar a una cumbre a fin de denunciar y proscribir el nefando fenómeno. No habría vocerías. Posiblemente a los representantes de muchos países se les caería la cara de vergüenza. Si es que de ella algo queda.
Está claro, por lo demás, que Odebrecht no se paró en razones ideológicas o partidistas para llevar a cabo, durante décadas, sus propósitos lesivos del estado de derecho latinoamericano. Pero, igual, la izquierda, el centro y la derecha continentales hicieron, indistintamente, de correa de transmisión y participaron del mismo credo corrupto. Con ello la América Latina ha sufrido el peor baldón y no queda más que reconocer la sospecha siempre presente, ahora convertida en realidad elefantiásica, de que la podredumbre es una de las bases temperamentales y coincidentes de la política y la administración regionales.
Toca en este momento, ciertamente, a la Fiscalía de cada país tratar de enmendar en algo la plana y producir prontos resultados con el objeto de, a lo menos, resarcir el gigantesco daño y contribuir a elevar el tono moral de la zona. Descontado que los Estados Unidos, como en el caso de la FIFA, fue el que develó la maraña de componendas de Odebrecht, incluso con diversos presidentes implicados o incididos por el escándalo, tienen los fiscales, en cada nación, que adelantar su labor con el mayor rigor y el apremio que la impudicia revelada exige. La reunión de fiscales latinoamericanos de hace unos días es una buena señal en tal sentido, pero de la autonomía y talante que cada cual tenga en su país dependerá, en buena medida, que nación por nación se pueda salvar en algo la cara ante las tropelías. Es la oportunidad, frente a la hecatombe ética, de demostrar en qué países operan las instituciones y en cuáles no.
Se ha reiterado, frente a los demás, que la Fiscalía colombiana es una de las que más ha avanzado en las investigaciones. Eso, ante la negativa de algunos países a investigar o dedicados a inyectar de morosidad los expedientes, es una noticia relevante. Como lo es, también, que la Procuraduría General de la Nación esté en tónica idéntica de la Fiscalía, en materia disciplinaria, y que la Contraloría de la República progresa en dirección a indagar el detrimento fiscal asociado con los diferentes brazos que llevaron a la frustración de las obras públicas más importantes del país y envenenaron la contratación y financiación estatales a un costo muchísimo mayor que el simple retorno monetario de las corruptelas. Un solo dólar ido por el hueco de la corrupción debería significar como mínimo diez en materia de resarcimiento al Estado y la sociedad y en ningún caso, por supuesto, el mismo saldo fraudulento.
El Fiscal colombiano, Néstor Humberto Martínez, reiteró, anteayer, que las investigaciones, en lo que la entidad ha adelantado de los múltiples procesos hasta hoy, se han hecho con base en “indagaciones e iniciativas probatorias propias”. Existen, al respecto, once líneas independientes de acción, sobre las que dio cuenta, y cada día cobra mayor relevancia el bloque político. Al respecto, precisamente, dio una nueva y ajustada interpretación, no ya refiriéndose a los dineros sucios que entraron en las campañas presidenciales de 2014, como simples actos violatorios de los topes electorales, sino que “acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht, en beneficio de las campañas presidenciales”. Con ello ha quedado claro, finalmente, que su órbita de acción en la materia va mucho más allá del desdentado Consejo Nacional Electoral.
En esta y todas las áreas de la investigación, la Fiscalía, como los órganos de control, saben que, más allá del populismo hirsuto o la politización de la campaña tempranera, se juega la suerte de las instituciones colombianas. Pero como están las cosas, la pronta y debida justicia en Colombia es, por igual, un ejemplificante deber latinoamericano. Y eso también vale la pena recalcarlo.